El 9 de octubre del año pasado, el gobierno de Entre Ríos y Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional, firmaron un convenio para incorporar a la provincia al Plan Conectar. Por medio de esta iniciativa tanto la provincia como su empresa de energía, Enersa, quedaron incorporadas a la Red Federal de Fibra Óptica. Al mismo tiempo, Arsat accedió a la infraestructura de fibra óptica provincial tendida sobre 742 kilómetros de redes eléctricas de alta y media tensión.
Se trata de un plan de infraestructura estratégico que esta semana dejó de tener el tono abstracto que suelen tener estos acuerdos, más allá de que para Concepción del Uruguay el beneficio fue bien tangible cuando hace poco más de un mes Enersa Telecomunicaciones enlazó a la fibra óptica al Puerto local, la Terminal de Ómnibus y la Municipalidad.
Ahora el reto es extender el servicio a las escuelas rurales, hospitales, centros de salud y dependencias policiales de todo el territorio entrerriano, porque la irrupción de Internet y su expansión a la enorme mayoría de los hogares del mundo han constituido la más grande revolución de las comunicaciones en la historia de la humanidad. Su uso ha cambiado la forma en que concebimos la realidad misma: ahora todo es inmediato, no existen distancias ni fronteras ni idiomas excluyentes.
La universalización de Internet implicó ventajas y mejoras en absolutamente todas las disciplinas desarrolladas por hombres y mujeres. Sin embargo, como toda revolución tecnológica, desnuda las asimetrías de una sociedad que tiende a ordenarse cada vez más entre ganadores y perdedores en el acceso a Internet. La pandemia de covid-19 ha mostrado hasta qué punto Internet se volvió esencial para la educación, la salud, el trabajo o para, nada más y nada menos, superar el aislamiento obligado por el virus.
Pero vastos sectores sociales, en especial los sectores populares y aquellos alejados de los centros urbanos, confrontan serias dificultades para acceder a Internet. Naciones Unidas ha reconocido que el acceso a Internet es un derecho fundamental, e implica “garantizar la conectividad, el acceso a la infraestructura y a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones de manera equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada”.
Si hay una decisión irreprochable, en cuanto a construir una sociedad más democrática y con igualdad de oportunidades, es ésta.
