Un suboficial de la Policía de Acción Táctica fue condenado a ocho años de prisión y once de inhabilitación absoluta por integrar y liderar una organización delictiva conformada por policías que realizaban allanamientos ilegales, torturas y robos de droga y dinero.
La sentencia recayó sobre Guillermo David Toledo y fue dictada por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider.
El debate judicial estuvo centrado únicamente en la determinación de la pena, ya que previamente la fiscalía y la defensa habían acordado la responsabilidad penal del acusado.
Según la investigación, Toledo encabezaba una banda integrada por otros seis efectivos de la PAT que llevaba adelante allanamientos ilegales en viviendas de Rosario, donde privaban ilegalmente de la libertad a las víctimas y aplicaban tormentos físicos para obtener información.
Durante esos procedimientos, los policías sustraían cocaína, dinero y otros elementos de valor. Parte de los estupefacientes robados luego era comercializada de manera clandestina en la ciudad de Santa Fe.
Por estos hechos, Toledo fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación ideológica de documento público, vejaciones, apremios ilegales y comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de más de tres personas y por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad.
Las condenas a los otros policías
La situación judicial de los otros seis policías involucrados ya había sido resuelta mediante acuerdos homologados por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros entre octubre y diciembre de 2025.
Las penas impuestas fueron:
- Jesús Balais: siete años de prisión, inhabilitación y multa.
- Fernando Ferreita: seis años de prisión, inhabilitación y multa.
- Iván Schneider: cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación y multa.
- Gerardo Pérez: cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación y multa.
- Sergio Robledo: tres años y seis meses de prisión, inhabilitación y multa.
- Miguel Aguilar: dos años de prisión, inhabilitación y multa.
El pasado 17 de abril, el juez Vera Barros había homologado el acuerdo parcial entre las partes, ocasión en la que Toledo reconoció los hechos, admitió su participación y aceptó la calificación legal de los delitos.
Sin embargo, debido a diferencias entre la fiscalía y la defensa respecto de la cantidad de años de prisión que debía cumplir, se realizó un juicio específico de determinación de pena, mecanismo previsto en el Código Procesal Penal Federal.
