El agresor la extorsionó con informes en su contra para ir a la cárcel.
Un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue condenado a ocho años y medio de cárcel por abusar sexualmente de una mujer que estaba con prisión domiciliaria y a la que en 2019 le había ido a instalar una tobillera de monitoreo en Moreno.
La pena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de San Martín recayó sobre Víctor Alfonzo por el delito de «abuso sexual mediante acceso carnal, agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función».
La jueza Silvina Mayorga y los jueces Daniel Cisneros y Walter Antonio Venditti también le impusieron una inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial, según detalló el sitio fiscales.gob.ar.
Más allá de este caso, el Tribunal consideró «imperativo adoptar acciones positivas para procurar evitar posibles nuevos casos en el futuro» y solicitó que se evalúe la conveniencia de que el control de la prisión domiciliaria de una mujer sea practicado por un hombre.
El 27 de febrero de 2019, Alfonzo fue a una casa de La Reja (partido de Moreno) a instalarle la tobillera electrónica a una mujer, quien cumplía arresto domiciliario por una condena impuesta por el TOCF 5 de San Martín en el marco de un caso de trata de personas.
Lo hizo en su calidad de ayudante de tercera del SPF y en su rol de miembro del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
«Debe repararse que se trató de un evento en el cual ha tenido intervención un funcionario público encargado del cumplimiento de la le”, finalizó.
Poco después, el 2 de marzo volvió al domicilio de la víctima porque el equipo de monitoreo había quedado mal colocado.
Al día siguiente, según se probó en el debate, se presentó nuevamente en el lugar y la extorsionó. La obligó a subir a su Volkswagen Bora y abusó sexualmente de ella.
El hostigamiento no terminó allí: el hombre concurrió también el 7, 8 y 28 de marzo, y extorsionó a la víctima con «emitir informes influyentes para que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria».
Una de las hijas de la víctima advirtió lo que sucedía y la convenció para denunciarlo.
El fiscal Gentili consideró que «el hecho configura una forma de ejercicio de violencia contra la mujer».
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