El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a los ex integrantes de Gendarmería Nacional Néstor Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto a diez años de prisión por su participación en secuestros, torturas y persecuciones contra militantes del Partido Comunista durante la última dictadura cívico-militar. No obstante, el tribunal resolvió por mayoría que ambos continúen en libertad hasta que la sentencia quede firme.
La resolución judicial representa un hecho de especial trascendencia para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, ya que se trata de la primera condena en Entre Ríos contra miembros de Gendarmería Nacional por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
La investigación permitió reconstruir una serie de hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en Concepción del Uruguay, período en el que militantes comunistas y sus familias fueron sometidos a detenciones ilegales, tormentos físicos y psicológicos, amenazas y distintas formas de persecución sistemática. Entre las víctimas también hubo niños y niñas que padecieron de manera directa las consecuencias de la represión.
A lo largo del juicio oral, numerosos testimonios aportaron elementos que permitieron acreditar graves violaciones a los derechos humanos. Los relatos describieron allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, sesiones de tortura y simulacros de fusilamiento realizados por fuerzas represivas que actuaban de forma coordinada.
Uno de los aspectos destacados de la sentencia fue la decisión del Tribunal de remitir copia del veredicto a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay para avanzar en la identificación y señalización de espacios vinculados al accionar represivo de aquellos años como Sitios de Memoria.
Entre los lugares mencionados figuran la Unidad Penal N° 4, la sede local del Escuadrón de Gendarmería Nacional y la denominada “Casa Bernay”, señalada durante el debate judicial como un centro utilizado para detenciones clandestinas y la aplicación de tormentos.
La sentencia constituye un nuevo avance en los procesos de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura y refuerza la importancia de sostener políticas públicas orientadas a preservar la memoria colectiva, promover el conocimiento de lo ocurrido y garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
Desde la Municipalidad, a través de la Dirección de Derechos Humanos, ratificaron su compromiso de continuar impulsando acciones de memoria, acompañando las iniciativas vinculadas a la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos.
