En un extenso alegato, en el marco del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y particulares por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, el abogado Miguel Cullen cuestionó el accionar de Fiscalía en la investigación y el juicio.
Durante su exposición matutina, Cullen marcó contradicciones en la posición de Fiscalía durante el proceso de investigación penal preparatoria, la elevación y los alegatos de apertura y cierre que se dieron en el juicio.
Lo primero sobre lo que llamó la atención fue que la acusación varió los cargos contra sus defendidos en la causa denomina de las imprentas, donde se acusa a Alejandro Almada; Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena y Luciana Almada de ser testaferros del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y de utilizar a las empresas TEP y Next para desviar recursos de la publicidad oficial hacia Aguilera.
En un primer momento, dijo, se les cargó los delitos de negociación incompatible y de peculado. Según explicó, estos delitos se excluyen uno al otro. El primero existe si la actividad es legal, pero actúa un funcionario público favoreciendo a un tercero. Para el segundo, el desvío de fondos implica una actividad ilícita. Por lo tanto, en un mismo hecho no pueden convivir.
Luego, apuntó al esquema argumental del Ministerio Público Fiscal, que afirmó que “el acusado debe probar su inocencia”. Y que dejaría de lado los parámetros legales del Código Procesal penal dado que “no alcanzan”, citó, para sostener la acusación. Aseveró que de esta manera se negaban derechos y garantías de las personas consagradas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Carga de la prueba
Alertó sobre la “peligrosidad” de que Fiscalía transfiera la carga de la prueba al acusado y que incluso reconociera la “orfandad probatoria” que confesó la fiscal Patricia Yedro en su exposición final. Y también apuntó al descarte de elementos de juicio en que incurrió el Ministerio Fiscal. Todos los testigos –citó el letrado– mintieron, menos los empleados de Fiscalía que actuaron de informantes. Faltaron a la verdad porque “son cómplices naturales de la corrupción que está enquistada”, ironizó.
“Si algo no tiene cabida en la teoría del caso de la acusación, entonces es mentira”, expresó, sintetizando lo que entendió es la base del razonamiento de los fiscales.
Equiparó la situación con lo que ocurría con las mujeres acusadas de brujas durante la Inquisición, indicando que la teoría acusadora en el caso sólo pretendía crear “un monstruo que sólo puede hacer monstruosidad” y del cual sólo se puede presumir su culpabilidad ya que “nada de lo que haga será lícito”. Para el relato acusador, la bruja y los herejes que lo acompañan serían “Urribarri y su séquito”, afirmó Cullen, indicando que Fiscalía no se ocupó de trazar el puente probatorio entre el supuesto hecho y su responsable, sino que sólo se dedicó a mostrar la “peligrosidad del monstruo”, rol que en la trama ocuparía Aguilera. Apuntó que en el caso de los delitos contra la administración pública los responsables primarios y directos son los funcionarios públicos. En el caso puntual de la publicidad en vía pública Urribarri y quien fuera su ministro de Comunicación, Pedro Baez.
Pero, señaló, en el alegato de cierre de Fiscalía al ex gobernador se lo mencionó 20 veces, al ex miembro de su gabinete 3 mientras que a Aguilera, que no era funcionario público, se lo nombró en más de 260 oportunidades.
De pavos reales y monstruos
Luego, el defensor Cullen volvió sobre una imagen que utilizó en la apertura. En ese momento dijo que, como el pavo real que abre su plumaje, el Ministerio Fiscal presentaba situaciones impactantes y frases grandilocuentes para impresionar al Tribunal. “Ese despliegue –precisó– evita mostrar la conexión real y concreta con el hecho” imputado y sometido a juicio.
“Ante el monstruo no es necesario discutir la prueba. No lo es porque lo decimos nosotros (por la Fiscalía). Es que el Ministerio Fiscal es impoluto, no se equivoca. Y es garante de la bondad del ser humano”, apuntó con sarcasmo.
En ese orden cargó contra el postulado utilizado por la acusación referido a que “todo el mundo sabía que las empresas de Aguilera”, pues “cada vez que se encontraba con la realidad que desmentía su versión, iban para otro lado, preferían el chisme”. El caso de Fiscalía considera que el cuñado del ex mandatario es el dueño de las firmas y que utilizó su parentesco para favorecerse económicamente. Pero, como apuntó Cullen, no hubo testimonios ni documentos que sustentaran esta premisa
El letrado señaló elementos incorporados en la causa que probarían exactamente lo contrario: “que Aguilera no tenía nada que ver y que Giacopuzzi y Luciana Almada eran los dueños de TEP y Sena y Alejandro Almada los de Next”. Sobre estos dos criticó además que, a pesar de que quedó demostrado que no tenían actividad relacionada con la publicidad ni ellos ni sus empresas, Fiscalía haya pedido condena de igual modo. “No importa que los empresarios no tengan nada que ver. Y que no haya delito. No importa porque tengo al monstruo, que es Aguilera. Y ellos actuaron en favor de él”, dijo Cullen remedando el criterio acusatorio.
Asimismo señaló que se incluyó a Aguilera en la acusación por la causa del parador en Playa La Perla a pesar de que no estuvo imputado en ese expediente. “Están investigando desde la posición de Dios la posición de cada uno de los imputados”, aseveró.
