El concejal Juan Martín Garay explicó los motivos por los que el cuerpo no avanzó con el decreto, mientras que el intendente José Eduardo Lauritto confirmó que decidió dejar sin efecto la medida ante la falta de consenso social.
Por: Matías Dalmazzo
El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay decidió no tratar la suspensión del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA), tras un fuerte rechazo social al decreto impulsado por el intendente José Eduardo Lauritto, quien finalmente anunció su retiro. El conflicto, que atravesó la agenda pública uruguayense durante las últimas semanas, tuvo como protagonistas al bloque oficialista Juntos por Uruguay, a organizaciones ambientalistas, a colegios profesionales y al propio jefe comunal, que se expresaron públicamente sobre una medida que generó debate, desconfianza y tensión política.
La controversia se originó a fines de noviembre, cuando el Departamento Ejecutivo Municipal elevó el Decreto N° 29.147 al Concejo Deliberante para su ratificación. La norma proponía establecer una transitoriedad de tres meses que permitía optar entre la normativa vigente del COTA y el antiguo Código de Ordenamiento Urbano, una posibilidad que fue interpretada por amplios sectores de la sociedad como un retroceso urbanístico y ambiental.
Desde el inicio, la medida encendió alertas en organizaciones socioambientales y en el ámbito profesional. El Encuentro Ambiental Uruguayense, que agrupa a diversas entidades de la ciudad, presentó una nota formal al Concejo Deliberante en la que manifestó su rechazo total al decreto por considerar que vulneraba el principio de no regresión ambiental y abría la puerta a decisiones discrecionales en zonas sensibles como humedales y áreas de paisaje frágil.
En paralelo, el Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Entre Ríos, a través de su regional Este, expresó su profunda preocupación por la inseguridad jurídica que podía generar la aplicación simultánea de dos marcos normativos distintos. Los profesionales advirtieron que la prórroga afectaba la previsibilidad del ejercicio profesional y debilitaba la coherencia normativa que debe regir la planificación urbana de la ciudad.
El debate se trasladó rápidamente al ámbito político. El bloque Juntos por Uruguay, mayoritario en el Concejo Deliberante, decidió abrir un proceso de escucha con todos los actores involucrados antes de emitir una definición. Esa instancia incluyó reuniones con ambientalistas, colegios profesionales y vecinos, además de encuentros en la Comisión de Obras Públicas.
Las definiciones del concejal Juan Martín Garay
El concejal Juan Martín Garay explicó que el decreto ingresó formalmente a la Comisión de Obras Públicas y que, por acuerdo de todos los ediles, se resolvió escuchar a todas las partes interesadas antes de avanzar con una decisión. El edil sostuvo que el objetivo fue comprender en profundidad el alcance del conflicto y las razones del rechazo social que había generado la medida.
Garay afirmó que, tras ese proceso, el bloque oficialista llegó a la conclusión de que no existía un consenso social suficiente para ratificar el decreto. El concejal aclaró que no se trataba de lograr unanimidad, sino de contar con un respaldo amplio de la comunidad, algo que, según indicó, no se verificó luego de escuchar a los distintos sectores.
El edil remarcó que el bloque Juntos por Uruguay asumió la responsabilidad política que implica contar con la mayoría dentro del Concejo Deliberante, una mayoría otorgada por la ciudadanía en las elecciones de 2023. En ese marco, señaló que disponer de los votos necesarios para ratificar el decreto no significaba avanzar sin atender el clima social y las objeciones planteadas.
Garay detalló que, ante ese escenario, el bloque mantuvo un diálogo institucional con el intendente José Lauritto, en conjunto con la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante. En esa conversación, los concejales le plantearon al jefe comunal que, más allá de los fundamentos originales del decreto, la falta de consenso social ameritaba reconsiderar la situación.
Como resultado de ese intercambio, el bloque presentó una nota formal al intendente para dejar constancia de su postura. Garay confirmó que, en la última sesión del período ordinario, no se emitió despacho alguno ni para ratificar ni para rechazar el decreto, por lo que el tema quedó sin tratamiento legislativo.
El concejal recordó que el decreto establecía una prórroga por tres meses y que, al no ser ratificado por el Concejo Deliberante, no adquiría vigencia y con el paso del tiempo devendría en abstracto. En consecuencia, afirmó que la medida no se aplicará y quedará sin efecto práctico.
Garay también señaló que, durante las reuniones de comisión, participaron representantes del Ejecutivo que explicaron que el decreto estaba vinculado a trámites no finalizados y no a nuevas presentaciones. Sin embargo, subrayó que, aun con esas aclaraciones, el bloque decidió no avanzar y permitir que el tiempo resolviera la situación, priorizando la escucha social y la responsabilidad institucional.
La postura del intendente José Eduardo Lauritto
El intendente José Eduardo Lauritto confirmó que decidió retirar el decreto luego de reunirse con los concejales del bloque oficialista, quienes le transmitieron que no existía consenso social para sostener la medida. El jefe comunal explicó que comprendió que el decreto iba a quedar sin efecto y que le pareció razonable no avanzar cuando existen dudas o falta de acuerdo.
Lauritto sostuvo que no tuvo inconvenientes en dejar sin efecto el decreto y remarcó que no actúa por capricho. El intendente afirmó que escuchar a la sociedad y a los representantes institucionales forma parte de su manera de gobernar y que, ante un escenario de desacuerdo, lo más prudente era dar marcha atrás.
No obstante, el jefe comunal expresó su malestar por algunas críticas recibidas durante el conflicto. Lauritto señaló que no existen dueños de la ciudad ni sectores que tengan el monopolio de la defensa ambiental o patrimonial. En ese sentido, cuestionó actitudes que, según su mirada, confunden la participación ciudadana con la apropiación de decisiones que corresponden al Departamento Ejecutivo.
El intendente repasó antecedentes de su trayectoria política para respaldar su compromiso con el ordenamiento urbano y el cuidado ambiental. Lauritto recordó situaciones pasadas en las que aplicó normativas que no habían sido consensuadas con él y obras que impulsó en medio de fuertes críticas, como la Isla del Puerto o el autódromo, sin buscar protagonismo personal.
También mencionó decisiones vinculadas a la defensa del patrimonio y del ambiente, como negociaciones para recuperar bienes históricos, clausuras de emprendimientos contaminantes y negativas a habilitar proyectos en zonas sensibles. Lauritto aseguró que su gestión no otorgó permisos en humedales y que siempre actuó conforme a las ordenanzas vigentes.
El intendente insistió en que retiró el decreto porque entendió el mensaje político y social, aunque aclaró que la medida tenía fundamentos administrativos vinculados a la transición entre normativas. Lauritto recordó que el antiguo Código de Ordenamiento Urbano fue respetado durante 25 años y que los cambios normativos siempre implican tensiones y debates.
Con la decisión del Concejo Deliberante de no tratar la suspensión del COTA y el anuncio del intendente de dejar sin efecto el decreto, el conflicto ingresó en una etapa de cierre institucional. Sin embargo, el debate sobre el ordenamiento territorial, la participación ciudadana y el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental seguirá siendo un eje central de la agenda pública de Concepción del Uruguay en los meses por venir.
