En el juicio oral y público que se desarrolla en los tribunales de Paraná se analizan la contratación de carteles, la publicación de una solicitada, la difusión de cuatro spots y la instalación de un parador de promoción turística en la costa durante el gobierno de Sergio Urribarri.
Para la fiscalía, estos hechos constituyen delitos cometidos para desviar recursos públicos hacia una campaña proselitista para que el entonces gobernador llegara a la Presidencia de la Nación. La defensa, por su parte, sostiene que el ex mandatario nunca fue formalmente candidato, que se están criminalizando aspiraciones políticas y que los trámites objetados se realizaron dentro de la legalidad.
Este medio extractó argumentos salientes, lógicamente contrapuestos, de las exposiciones que realizaron la fiscalía y la defensa a lo largo de unas 10 horas de audiencias. Este martes comenzarán a desfilar los 150 testigos citados.
Intervienen por el Ministerio Público Fiscal Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Ignacio Díaz, José Velázquez, Marcos Rodríguez Allende, Miguel Ángel Cullen, Juan Antonio Méndez, Andrés Bacigalupo y Pedro Fontanetto.
Carteles cartelizados
Según la fiscalía, entre 2010 y 2015 Urribarri y su ministro de Comunicación, Pedro Báez, fueron autores de “una maniobra sistemática” destinada a favorecer con contratos de publicidad a cuatro empresas dedicadas a la cartelería en vía pública.
Dos de estas firmas, TEP SRL y Next SRL, para la acusación son una misma empresa con distintas denominaciones. Y están inscriptas a través de “prestanombres” (Maximiliano, Sena, Emiliano Giacopuzzi, Luciana y Alejandro Almada, imputados como partícipes secundarios), pero en realidad pertenecen a Juan Pablo Aguilera, familiar de Urribarri y funcionario del Senado, señalado como partícipe primario.
También se acusa a Aguilera de mantener “un acuerdo espurio de cartelización” con las otras dos firmas beneficiadas: Montañana Publicidad y Jesús José María Bustamante, cuyos titulares fueron imputados como partícipes secundarios, pero están ausentes en el juicio. El primero porque está enfermo y el tribunal lo apartó del proceso para juzgarlo más adelante y el segundo porque optó por un juicio abreviado.
Sostiene la fiscalía que parte de los cobros de estas dos empresas eran reembolsados mediante “retornos” a las empresas atribuidas a Aguilera, gestión que adjudican a su “mano derecha”, la contadora Corina Cargnel, imputada como partícipe secundaria.
Según indicó en su alegato de apertura la fiscal Goyeneche, el destino de estos delitos no fue el beneficio económico de las empresas, sino que hubo “una sustracción de dineros públicos” al sustituir la publicidad institucional contratada por otra “con el fin individual” de promocionar la figura de Urribarri.
Los fiscales aseguran que el funcionario Gustavo Tamay, encargado de verificar la realización de la publicidad estática, presentaba “certificaciones falsas”, por lo cual está imputado como partícipe primario. Llegaron a esta conclusión al advertir que en los expedientes constan fotos de los carteles retocadas con Photoshop.
En algunos aparece la imagen de una vaca, hecho que fue advertido al inicio de la investigación penal preparatoria por el fiscal Santiago Brugo y la causa fue bautizada como “la causa de la vaca”.
El toldo del MPF
Los abogados defensores señalaron en los alegatos de apertura que la empresa TEP no es una imprenta, sino que se dedica a la publicidad, mientras que Next sí es una imprenta, pero nunca contrató con el Estado entrerriano. Aseguraron que las firmas no son propiedad de Aguilera, sino en un 90 por ciento de Sena y Giacopuzzi.
Indicaron los letrados que estas dos personas se dedican a la actividad gráfica desde 2003, cuando montaron su primera empresa, denominada Cinco Tipos. Según los defensores, con esta firma operaron con monotributo y después como responsables inscriptos y, entre muchos otros trabajos, realizaron un toldo verde para el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF). Luego, en 2009, crearon las empresas TEP y Next.
Respecto de Cargnel, sostuvo la defensa que no es contadora de Aguilera, sino que trabajaba en un estudio que tenía como cliente a Cinco Tipos y de allí viene el vínculo laboral con Sena y Giacopuzzi, que se mantiene hasta la actualidad.
Los defensores negaron la acusación de “cartelización”, dado que se contrataban muchas empresas y que las investigadas abarcaban menos de un tercio de la publicidad total. Señalaron también que el vínculo de Aguilera con firmas de publicidad tiene que ver con su rol como secretario administrativo del Partido Justicialista y responsable de campañas políticas en esos años.
Acerca de las certificaciones, los letrados explicaron que las fotos retocadas son “ilustrativas e intrascendentes”, dado que Tamay no verificaba esas imágenes, sino que las constataciones válidas eran las que realizaba “in situ”, tal como figura en los expedientes.
Puntualmente, informaron que viajaba por la provincia en un auto oficial asignado para tal fin, que verificaba en persona la realización de las campañas publicitarias y avisaba si había algún cartel dañado por vandalización, tormenta u otro motivo. Además, mencionaron que muchos carteles pueden verse en Google Maps con el contenido correcto.
Los verbos de la solicitada
La fiscalía sindicó a Urribarri y Báez como autores del delito de peculado por disponer en 2014 la publicación de una solicitada en medios gráficos de alcance nacional cuyo contenido, según entienden, era tendiente a que el entonces gobernador se posicionara como precandidato a presidente y no para informar sobre actos de gobierno.
Puntualmente, la fiscal anticorrupción Goyeneche señaló que el nombre de Urribarri figura en el texto “en letra grande”, que se menciona una sola vez a Entre Ríos y que en una oración se usa un verbo en primera persona del plural: “Es necesario que las principales fuerzas políticas y sus candidatos a presidente convengamos defender y sostener las conquistas logradas”.
La defensa refutó este análisis, lo calificó de “burdo” y ejemplificó que en el texto no aparece ni una vez la palabra “yo” y sí figura “21 veces la palabra democracia”.
Los abogados encuadraron la acusación en una “criminalización de las aspiraciones políticas” y sostuvieron que no constituye ningún delito que un gobernador disponga la publicación de una pieza de esta naturaleza fijando una postura como, en este caso, en contra de los denominados “fondos buitre”.
Letras y paletas
La fiscalía señala también como delito la difusión de cuatro spots televisivos en medios de todo el país cuando se realizó en Paraná la Cumbre del Mercosur en diciembre de 2014. Otra vez cuestionan el contenido de estas piezas que, a su entender, no fueron para informar sobre políticas públicas, sino “para promocionar a Urribarri como precandidato a presidente e instalar su imagen a nivel nacional”.
Acusan por este hecho al ex gobernador y al ex ministro Báez como autores y a los entonces funcionarios Hugo Céspedes y Gustavo Tortul -a cargo de la faz administrativa de la cumbre- como partícipes primarios. Argumentan que en los audiovisuales no se menciona la reunión de presidentes y que “la paleta de colores y la tipografía” que en ellos aparece es idéntica a la utilizada “para la promoción individual”.
Las defensas consideraron “absurdo traer este hecho a un proceso penal” e indicaron que los organismos de control consideraron que la cumbre era “una oportunidad excepcional para promocionar políticas de Estado”, lo cual entienden que coincide con el contenido de las piezas.
Respecto de las cuestiones de diseño, señalaron que no existía por entonces ninguna campaña por parte de Urribarri a las cuales la letra o los colores pudieran asimilarse. También pusieron el ejemplo del amarillo usado en la cartelería de la ciudad de Buenos Aires, que coincide con el color del partido de gobierno. “Y a nadie se le ocurre decir que hay un desvío de fondos para una campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta”, expusieron.
Un problema de diseño
Para la fiscalía, la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata durante enero de 2015 no fue para promocionar el turismo entrerriano sino, una vez más, para “promocionar la imagen de Urribarri con fondos públicos”.
Puntualmente, señalan los fiscales que en las fotos y los videos del parador se observa un diseño diferente al de los dibujos que constan en el expediente de la contratación y advierten que el logo de la provincia de Entre Ríos fue sustituido por una foto del entonces gobernador. “El diseño del proyecto es íntegramente de campaña y se observa claramente cómo se proyectaba la imagen del señor Urribarri”, aseguró Goyeneche y mencionó nuevamente “la paleta de colores y la tipografía”.
Desde la defensa, se informó que, una vez inaugurado el parador, no había allí ninguna foto de Urribarri y se defendió el objetivo de promover el turismo en una de las ciudades más populares del país, en el mes de mayor afluencia, con comparsas, juegos y números artísticos. También advirtieron que el ex gobernador no fue candidato y, en cambio, sí se incrementaron exponencialmente los índices de ocupación turística gracias a acciones como la del parador.
“Que Urribarri haya expresado públicamente que le gustaría ser presidente no constituye delito. Es como si a un juez le preguntan si quiere ser miembro de la Corte Suprema”, expresó un defensor. Otro acotó: “Todos los intendentes quieren ser gobernadores y todos los gobernadores quieren ser presidentes. Y no por esos sus actos de gobierno van a considerarse como un desvío de recursos”.
Señalaron además que ese verano había instalaciones similares de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias turísticas. “Seguramente esos distritos tenían un gobernador que tendría una aspiración política y no por eso está acusado de ningún delito”, indicaron.
Penas por anticipado
Por la contratación de los carteles, la fiscalía anticipó que pedirá 8 años de prisión para Urribarri, Báez y Aguilera; 6 años para Tamay y Cargnel; y 4 años de cárcel para Alejandro Almada, Luciana Almada, Giacopuzzi y Sena.
Por la solicitada, los spots y el parador en la playa, adelantaron pedidos de 9 años de cárcel para Urribarri, 8 para Báez y Aguilera, 6 para Cargnel y 4 años de cárcel para Tórtul, Céspedes, el ex ministro de Turismo Hugo Marsó y el empresario y publicista Gerardo Caruso, dueño de la firma que montó el parador.
