Cuando la justicia se politiza demasiado, se puede esperar cualquier decisión; por más injusta que sea.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano máximo del Poder Judicial”. Así se auto describe la Corte en su página digital. A la Corte volvió a acudir la ex procuradora general adjunta y ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, para que “el más alto tribunal” del país admita el recurso extraordinario federal que presentó y ordene al Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) que suspenda su destitución. El jury que sacudió las bases del Poder Judicial está ahora en manos de los supremos Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La presentación se realizó en el contexto de los autos caratulados “Goyeneche, Cecilia Andrea c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”. La destituida fiscal es representada por el estudio Bianchi, Galarce & Castrovidela. La presentación ante la Corte la realizaron los abogados Enrique Pita, de Entre Ríos, y Alberto Bianchi y Santiago Castro Videla, de Buenos Aires.
Días antes de la presentación de Goyeneche ante el “más alto tribunal” uno de sus integrantes realizó manifestaciones que describen el sustrato ideológico que determina a la actual composición de la Corte. Rosenkrantz, en la inauguración del año académico de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, manifestó que «no puede haber un derecho detrás de cada necesidad». Lo expresó en una disertación sobre Justicia, Derecho y Populismo.
Rosenkrantz realizó una manifestación política de neto cuño liberal: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables”. La visión económica definiendo la Política. El Populismo, el mal a terminar. Los derechos, costos. La Justicia ¿del lado de los poderosos?
Rosenkrantz, como Rosatti, protagonizaron una de las situaciones más polémicas de las últimas décadas en relación a la integración de la CSJN. El antecedente más inmediato podría considerarse, en la década del ’90, la CSJN con “mayoría automática” del menemismo, cuando pasó de cinco a nueve vocales. Ambos abogados asumieron en sus cargos en la Corte por decreto del ex presidente Mauricio Macri.
El escándalo que significó que se eludiera el mecanismo constitucional obligó –a regañadientes- a retroceder en las designaciones puesto que incluso generaron la reprobación de uno de los supremos que planteó que si la Corte les tomaba juramento, avalaría por anticipado un modo de designación que tenía destino de judicialización. El 15 de junio de 2016, en una sesión especial, la Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría los pliegos enviados por el ex presidente Macri.
En las declaraciones de Rosenkranzt en Chile se pueden resumir las disputas políticas que determinar el debate actual en el mundo. Minorías que pugnan por sostener sus privilegios en contra de las necesidades de las mayorías. Aún no se ha determinado el alcance de la frase “…no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades…”, pero una interpretación posible consistiría en que si los recursos no alcanzan para todos, solo quienes tienen capacidad económica para acceder a ellos lograrán sobrevivir en un mundo deshumanizado.
Las disputas de sentido en torno a la decisión de la Corte cuando hizo lugar al recurso de queja de Goyeneche sobre la acción de amparo que promovió por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) del rol de acusador en el jury que se sustanció en su contra, oscilaron entre quienes lo entendieron como un aval a la funcionaria y en quienes observaron que se trató de una resolución que no abordó el fondo de la cuestión, pero le dio aire en medio del proceso.
En aquella ocasión la Corte resolvió “de conformidad” con lo que dictaminó el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, otro funcionario de la gestión de Cambiemos que asumió en el cargo, tras la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó que dejó la vacante ante la embestida del nuevo gobierno. Casal es muy cuestionado porque ha dictado resoluciones que favorecerían a ex funcionarios de Cambiemos y enfrenta una denuncia por un presunto “abultado crecimiento de su patrimonio” que habría comenzado desde que asumió al frente de la Procuración.
El motivo de la destitución de Goyeneche fue por mal desempeño de su rol en la causa Contratos en la Legislatura. La destituida fiscal “politizó” el proceso de jury. En su defensa en los medios cambió los motivos por los que se le sustanció el jury y adujo que era perseguida por investigar la corrupción en la provincia; sin embargo el HJE emitió veredicto por los motivos que se le informaron claramente en la acusación.
No es un dato menor que la ex procuradora adjunta cifre todas sus esperanzas en esta deslegitimada Corte. Por un lado porque se trata de la última instancia nacional para revertir su destitución. Por otro, lo que adquiere relevancia mientras aún resuenan las expresiones anti populistas de Rosenkrantz, porque está acudiendo a un organismo del que espera “empatía” ideológica en “su” lucha contra la corrupción de los “denostados populismos”.