El Gobierno argentino presentó formalmente su apelación contra el fallo que lo condena a entregar acciones de YPF por US$ 16.000 millones, en el marco de la demanda por la nacionalización de la petrolera.
La presentación, realizada ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, se apoya en cuatro ejes centrales:
1. La justicia norteamericana no puede forzar a un Estado soberano a repatriar activos ubicados en el exterior.
2. La jueza Loretta Preska habría aplicado de forma incorrecta la ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre bienes fuera de esa jurisdicción.
3. La Ley de Inmunidad Soberana protege a la Argentina de la entrega de esos activos.
4. Forzar la transferencia de acciones impactaría negativamente en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Apoyo de Estados Unidos
El propio Gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae en respaldo de la Argentina. Advirtió que ordenar la transferencia de acciones de YPF radicadas fuera de EE.UU. podría exceder los límites que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) fija para los bienes de Estados extranjeros, además de generar consecuencias negativas en materia de política exterior.
También alertó que, si la Argentina cumple la orden antes de que concluya el proceso de apelación, sufriría un daño irreparable, ya que no tendría forma de recuperar las acciones aun en el caso de obtener un fallo favorable.
Se estima que la definición de esta instancia judicial podría conocerse en el primer trimestre de 2026.
