Pablo Atchabahian y Miguel Angel Calvete, considerados los operadores centrales del esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negaron a declarar ante la Justicia mientras se revela el hallazgo de 700.000 dólares en la vivienda de Ornella Calvete, hija de uno de los imputados, quien debió renunciar a su cargo en el Ministerio de Economía.
Los dos principales acusados en la investigación por presuntas coimas en ANDIS mantuvieron silencio durante sus respectivas indagatorias, particularmente sobre el destino del 3% de las comisiones que según la investigación estaría destinado a Karina Milei. La onda expansiva del caso alcanzó a Ornella Calvete, hija de Miguel Angel Calvete, quien presentó su renuncia como Directora de Análisis de Cadenas de Valor y Directora de Desarrollo Regional de Industria y Comercio tras el descubrimiento de 700.000 dólares en su domicilio.
La investigación judicial busca establecer el papel de Atchabahian quien, sin ser funcionario de ANDIS, habría determinado a quiénes se les pagaba y a quiénes no según el cumplimiento del pago de coimas, así como el de Calvete, quien también sin ser funcionario, habría entregado dinero en efectivo a Diego Spagnuolo y coordinado pagos y compras de la agencia.
Diálogos comprometedores y conexiones políticas
En conversaciones interceptadas, Atchabahian manifestaba: «son cuatro años de gestión y después nos vamos todos a Tenerife», mientras que Ornella Calvete le preguntó a su padre si había conseguido una reunión para favorecer a una ortopedia, prometiéndole que si lograba el encuentro le regalaría «un lambo» (Lamborghini).
Las anotaciones de Calvete, encontradas en una serie de cuadernos allanados, contienen menciones a Fred Machado y revelan que el narcotraficante, actualmente extraditado a Estados Unidos, mantenía vínculos con Gustavo Balabanian, exmarido de Karen Reichardt, la segunda diputada electa en la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.
Situación procesal de los acusados
Calvete llegó a declarar ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi trasladado desde una cárcel de contraventores, ya que cuando se procedió a su allanamiento por la causa ANDIS, el Tribunal Oral 8 informó que se encontraba en rebeldía en otro expediente donde había sido condenado a cuatro años de prisión por favorecer la prostitución de dos mujeres.
Atchabahian, por su parte, cumplió con la indagatoria el viernes en secreto, llegando desde la prisión domiciliaria que cumple en su vivienda después de que el magistrado considerara existente peligro de fuga cuando intentó impedir una requisa y se ausentó, siendo posteriormente localizado en Mendoza.
Los 700.000 dólares y las droguerías
La defensa de Calvete argumentará que el domicilio donde vive Ornella es también la dirección de Indecomm, una de las droguerías involucradas en el caso. El fiscal Picardi sostiene la hipótesis de que las droguerías de Calvete y Atchabahian funcionaban esencialmente como «cáscaras vacías» que sólo ponían la cara para proveer medicamentos que en realidad venían de laboratorios grandes como Suizo Argentina, evidenciado por fotos de heladeras y estanterías vacías en los domicilios allanados.
Mecanismos de blanqueo y conexiones
El fiscal Picardi identificó dos métodos principales para el blanqueo del dinero sustraído a ANDIS: a través de criptomonedas utilizando una aplicación llamada Neblockshain, y mediante la compra de horas de vuelo a una empresa denominada Baires Fly, vinculada a Sergio Mastropietro, quien según las investigaciones conectó a Fred Machado con José Luis Espert.
Próximos pasos procesales
Este miércoles está citado a declarar el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien adelantó que presentará un escrito y aportará elementos a la causa. Aunque se había especulado con la posibilidad de que Spagnuolo se acogiera a la Ley del Arrepentido, esta opción parece descartada ya que requiere una negociación previa con el fiscal antes de la indagatoria, procedimiento que no se habría concretado.
La causa por corrupción en ANDIS continúa revelando nuevas aristas mientras los principales imputados optan por el silencio frente al peso de las evidencias acumuladas por la fiscalía, que incluyen documentos, interceptaciones telefónicas y registros contables que comprometerían a varios funcionarios y operadores del actual gobierno.
