Luego del traspié de la Ley Ómnibus, Milei arriesga los acuerdos legislativos para sostener la vigencia del DNU 70/2023. El FMI, el paro docente, incluido en Entre Ríos, y la eliminación de recursos, áreas y programas. Sin transferencia presupuestaria de Nación, Frigerio busca la paz en su pago chico, mientras apuesta a la sanción de leyes claves.
Periodista
Abril emerge como el mes bisagra para el gobierno de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, especialmente en términos de conflictividad y humor social. En tanto que agosto aparece como plazo decisivo para la eliminación de las restricciones al acceso de dólares, conocido popularmente como cepo, vinculado al robustecimiento de las reservas del Banco Central. En los hechos, surge como una analogía de los dichos de Álvaro Alsogaray, ex ministro de Economía durante el Gobierno de Arturo Frondizi, que en junio de 1959 había afirmado que “las medidas en curso permiten que podamos lanzar una nueva fórmula: hay que pasar el invierno». En ese paralelismo, el contenido refiere al capital político construido por el presidente Javier Milei y a la paciencia real de las mesas trabajadoras y los bolsillos argentinos respecto al programa económico del Ejecutivo nacional.
76 días
La devaluación inicial de 118%; la puesta en vigencia de la mayoría del texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 llamada “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”; el tratamiento del proyecto de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, apodada como Ómnibus; el cumplimiento del consenso pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); la eliminación de subsidios en las tarifas de servicios de comunicación, electricidad, gas y transporte de pasajeros; la supresión de ministerios, secretarías, fondos y programas claves; la desregulación de la economía y de los controles estatales en los procesos de producción, distribución y comercialización; y la paralización de recursos coparticipables, de transferencias discrecionales a las provincias y del total de la obra pública, son algunos de los ejes que marcaron los primeros 76 días de la gestión libertaria.
El desenlace tangible fue el superávit financiero de 518.000 millones de pesos, algo que no sucedía desde 2012, aunque la consecuencia principal del proceso de recesión e inflación fue el aumento de los índices de pobreza, fijado en 57,4% durante el mes de enero según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El número difundido es el peor después de la crisis de 2001, que significa que alrededor de 27 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que 7 millones de argentinos están en situación de indigencia. Con una inflación de 45,8% entre diciembre y enero, la caída del consumo, de la producción económica y del poder adquisitivo fueron otras consecuencias del plan económico de Milei; con una imagen final donde el salario mínimo del país es de 160 dólares, que es el sueldo más bajo de la región después de Venezuela.
Como detalló Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la intransigencia del Gobierno nacional para la negociación de la Ley Ómnibus y el posterior fracaso de su sanción en particular en la Cámara de Diputados, dinamitaron los puentes con los sectores dialoguistas, como los diez gobernadores de Juntos por el Cambio y los mandatarios de los partidos provinciales de Córdoba, Salta, Misiones y Río Negro. La reacción de Casa Rosada fue la profundización del corte absoluto de las partidas presupuestarias hacia las provincias, que incluye el Fondo de Incentivo Docente, el financiamiento de las cajas de jubilaciones provinciales, los Aportes del Tesoro Nacional, el Fondo Compensador del Transporte y la Asistencia directa a los distritos.
La inflexibilidad de la administración nacional respecto al envío de recursos puso en un lugar de oposición a referentes amigables de las distintas jurisdicciones, como ocurrió con las presentaciones judiciales y por los canales administrativos de los gobiernos de Misiones, La Pampa, Chubut, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba. En esa sintonía, el tercer distrito, conducido por Ignacio Torres (PRO), logró que la Justicia Federal frene la eliminación de los subsidios al transporte en dicho territorio. En paralelo, advirtió que cortará la entrega de gas y petróleo si la Nación no libera las partidas coparticipables, respaldadas por Ley, que deben girarse de manera automática. La situación derivó en un duro documento promovido por Torres y firmado por sus pares Vidal de Santa Cruz, Figueroa de Neuquén, Melella de Tierra del Fuego, Zilliotto de La Pampa y Weretilneck de Río Negro. «Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, cuestionaron directamente al Presidente libertario. “Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses», destacaron en el escrito publicado. “No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», criticaron.
Horas después, los otros nueve mandatarios de Juntos por el Cambio, Valdés de Corrientes, Macri de Ciudad Autónoma, Frigerio de Entre Ríos, Pullaro de Santa Fe, Sadir de Jujuy, Orrego de San Juan, Cornejo de Mendoza, Poggi de San Luis y Zdero de Chaco, manifestaron su respaldo a Torres. “El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a las provincias”, afirmaron en el escrito público. “No cumplir con la Ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, alertaron. La respuesta de Milei, con tono de twitter, escaló en el mundo de las adjetivaciones, tratando a los mandatarios de “degenerados fiscales”. En una declaración escrita, la Oficina del Presidente recordó que “los 13.500 millones de descuento, a los que hace alusión (Torres), corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. Además, explicó que “por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación”.
La peligrosa batalla desatada, que seguramente tendrá nuevos capítulos, dejó otro round luego del cruce de comunicados. «Si el martes no hay resolución de la justicia, no vamos a exportar ni un barril más de petróleo», advirtió Torres, sobre una medida compartida por las provincias del sur. “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la nueva contestación del líder libertario. “Que me metan preso, no me importa”, fue la réplica del Gobernador patagónico, que también recibió el acompañamiento de los mandatarios justicialistas.
Relaciones carnales
Un poco más alejado de la realidad más tangible y cotidiana, la política exterior del Ejecutivo nacional ha marcado cambios trascendentales en la visión geopolítica y el posicionamiento nacional frente al mundo. El plan de máxima respecto a una competencia de monedas en el país, eufemismo de dolarización; el encolumnamiento con Estados Unidos, el programa del FMI y los planes de la administración de Joe Biden para América del Sur, incluso en un escenario donde Milei alimenta las posibilidad de reelección de Donald Trump; la defensa irrestricta a Israel, como socio estelar del mapa global, y la decisión de llevar la embajada a Jerusalén; la liberalización de la economía local, la mercantilización de lo social y la desregulación general, que engloba el plan de privatizaciones; el cambio de paradigma sobre los derechos humanos y la mirada regional; y los proyectos de extranjerización de sectores productivos e industriales claves y de recursos estratégicos, dejan una fotografía sobre los objetivos inmediatos y estructurales de la Casa Rosada, en un contexto donde necesita de divisas, crédito internacional y respaldo financiero mundial para sus propósitos macroeconómicos.
En la misma dirección de ese horizonte, Milei recibió este viernes al secretario de Estado, Antony John Blinken, que participó de la conferencia de cancilleres del G20 en Brasil. Su llegada al país se transformó en la visita de mayor rango de un funcionario de la Casa Blanca desde la asunción del líder libertario. En ese camino, el jueves pasado mantuvo un encuentro con Gita Gopinath, que es la subdirectora gerente del FMI, que previamente había tenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Nicolás Posse. Una cita que fue correlato de la decisión del pasado 1 de febrero, cuando el directorio del organismo financiero internacional apoyó la séptima revisión del programa de Argentina, con un desembolso de 4.700 millones de dólares.
Según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el gasto en intereses de la deuda supera al de jubilaciones por primera vez. No es un dato menor, ya que este último ítem siempre fue el elemento más significativo del gasto del Estado nacional. “La fuerte devaluación de diciembre disparó los precios y licuó los gastos primarios del Estado, principalmente las jubilaciones, cuya evolución está atada a una fórmula que se actualiza con un retraso significativo. Comparado con un año atrás, el gasto en jubilaciones cayó 38% en enero”, evaluó el estudio. “Al mismo tiempo, la devaluación encarece, en moneda local, el costo de los intereses de endeudamiento en moneda extranjera, porque hacen falta más pesos para pagar una determinada cantidad de dólares”, se contrastó.
Bicameral
El jueves pasado, se efectuó la demorada conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos por necesidad y urgencia, por delegación legislativa y por promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. Como describió Punto y Seguido en LA CALLE, el principal objetivo coyuntural es el debate del mencionado DNU 70/2023, enviado por el Gobierno en diciembre pasado, que tiene vencido el plazo de 10 días hábiles para su tratamiento y que puede ser discutido directamente en cualquiera de las dos cámaras.
La Comisión será presidida por el senador de La Libertad Avanza, Juan Pagotto, que fue acompañado por el oficialismo y por las bancadas de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), Unidad Federal (que integra el entrerriano Edgardo Kueider) y Cambio Federal. Además, estará integrada por Oscar Zago y Lisandro Almirón del sector libertario; Hernán Lombardi y Luis Juez del partido fundado por Macri; Francisco Monti y Víctor Zimmermann por el radicalismo, Nicolás Massot, Juan Romero y Camau Espínola por los sectores intermedios y dialoguistas; y Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez, Carolina Gaillard, Anabel Sagasti, Mariano Recalde y Teresa González de Unión por la Patria.
A dos años de su última reunión, la estrategia de Casa Rosada es incorporar el tratamiento de casi 100 decretos de la gestión de Alberto Fernández que siguen vigentes y que la Comisión debe expedirse. Esa decisión extendería los plazos previstos para el tratamiento del DNU 70/2023, que deroga casi 80 leyes y modifica 300 normativas, con el fin de estirar un dictamen de la Bicameral, ya que sin esa instancia se requiere dos tercios de los votos de la Cámara alta para rechazar la iniciativa gubernamental, mientras que con ese paso logrado se necesita la mitad de los escaños del Senado más uno.
Semana de paros
Después de la medida general de la Confederación General del Trabajo (CGT) efectuada el 24 de enero y las múltiples acciones de los movimientos sociales, esta semana se agudizaron los planes de lucha de diferentes sectores. El miércoles pasado, la Fraternidad y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad llevaron adelante un paro de 24 horas. Dos días después, organizaciones sociales impulsaron y ejecutaron cientos de cortes por la emergencia alimentaria, el congelamiento de los salarios y los ajustes a comedores comunitarios.
En simultáneo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que nuclea a los sindicatos docentes más representativos de las 24 jurisdicciones argentinas, resolvió una medida de fuerza para mañana lunes ante la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la ausencia de la paritaria nacional, la falta de recomposición salarial y la supresión de partidas presupuestarias para educación; en una medida de fuerza que coincide con el comienzo del ciclo lectivo en Entre Ríos, Capital Federal, Córdoba, Corrientes, San Luis, Formosa, Salta, Santa Fe y Mendoza.
En nuestra provincia, ese plan de lucha será replicado por la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que además dispuso el rechazo de la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, que estipulaba el incremento del 18% para los haberes de febrero. En el Congreso del principal sindicato docente, realizado este jueves en la capital entrerriana, se instó al Gobierno a que presente una oferta superadora antes del miércoles y se determinó la adhesión al paro nacional dispuesto por Ctera. Por su lado, los educadores nucleados en la Unión de Docentes de Argentina (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) aceptaron la proposición oficial o solicitaron otro monto de recomposición pero desistieron de la acción nacional de huelga.
Camino sinuoso
Previo a la rebelión de los mandatarios patagónicos, el gobernador Rogelio Frigerio reunió a los presidentes municipales que tienen servicio de transporte urbano de pasajeros, para confirmar el fin de los recursos nacionales en términos de compensación y para ratificar que la Provincia seguirá destinando las partidas locales. Con un escenario revuelto luego del duro discurso del ex Ministro del Interior en la inauguración del período 145º de Sesiones Ordinarias, la oficina principal de Casa Gris estructuró una serie de pasos vinculados a la gestión pero fundamentalmente al resguardo del capital político construido y legitimado en las elecciones generales de octubre pasado. Allí radica el acuerdo paritario con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); el anuncio de la Ley que regula un nuevo régimen de transparencia y ética pública, con un lanzamiento que contó con la presencia de diferentes intendentes justicialistas, incluida la presidenta municipal de Paraná y jefa de la Liga de mandatarios peronistas, Rosario Romero; o el llamamiento a la ciudadanía para que acompañe los trabajos para la puesta en valor de los establecimientos educativos.
Con el ojo puesto en el posicionamiento nacional del PRO y de su figura, se reunió el jueves pasado con Mauricio Macri, como parte de una ronda de reuniones impulsadas por el ex Presidente con gobernadores que llegaron al poder desde la coalición de Juntos por el Cambio. El fundador del partido amarillo quiere volver a conducir el sello nacional, en un contexto de tirante relación con Milei, a quien cuestiona por su falta de diálogo y su poco pragmatismo para generar un entendimiento legislativo y una nueva usina de poder entre La Libertad Avanza y el PRO. En ese contexto se dio el encuentro con Frigerio, que además sirvió para barajar y dar de nuevo en la relación de ambos, que se había desgastado cuando compartieron gabinete en la gestión de Cambiemos (2015-2019), entre acusaciones y desconfianzas por la disputa interna entre la pata integrada por los actuales diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó (donde se encolumnaba el actual Gobernador), y el sector encabezado por el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Sin embargo, la mesa chica de la oficina estelar de Casa Gris aclaró que la cita bilateral se realizó en un escenario donde el economista también se juntó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex titular del gobierno porteño, Horacio Larreta, que son referencias importantes del Partido y que se encuentran enfrentados por distintos motivos con el ex Presidente de Boca Juniors.
Avance de leyes
El debate en comisiones del Senado de Entre Ríos, que el miércoles pasado tuvo su primera Sesión Ordinaria, dejó abierta una disputa con el peronismo. El abordaje en una reunión plenaria de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la iniciativa gubernamental que promueve modificaciones a la Ley Impositiva y al Código Fiscal (Ley 9622) trajo las críticas del ex director General de Aduanas, Guillermo Michel. El oficialismo resaltó que los cambios normativos “incentivan la radicación de vehículos en la provincia, facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales, propicia ajustes para alícuotas en diversas actividades y beneficia a transportistas de carga y pasajeros radicados en Entre Ríos”. La respuesta del ex asesor de Sergio Massa fue que “ajustar por inflación el anticipo automotor de los entrerrianos o el anticipo inmobiliario de una chacra de un pequeño productor, el inmueble de una fábrica PyME entrerriana o el local de un pequeño comerciante, es un impuestazo al corazón de la economía de nuestra provincia”.
Mientras se discutía dicha propuesta, la Cámara Baja desarrollaba en simultáneo una instancia conjunta entre las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, donde se avanzó en el proyecto que crea el Régimen Legal de Transición de Gobierno, con el propósito de llevarlo al recinto la semana próxima. Como detalló LA CALLE, la iniciativa garantiza un cambio de gobierno planificado y ordenado, que asegure la continuidad de la gestión institucional, el normal funcionamiento del Estado y el acceso a toda la información, como también que limite arbitrariedades en contrataciones, licitaciones, cesiones y compras durante ese período. Uno de los cambios logrados, a pedido de los sindicatos estatales y legislativos, fue la excepción respecto a los pases a planta y las recategorizaciones que provengan de un convenio paritario y tengan su respectiva partida presupuestaria. Ese mismo día, el bloque peronista del Senado, conducido por el ex intendente de La Histórica, Martín Oliva, se reunió con los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, para manifestar la preocupación por el estado de situación de las obras en la provincia. Los funcionarios contestaron que están en marcha las tareas de “saneamiento del sistema administrativo para rastrear deudas con las empresas, además del acuerdo con la Cámara de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) para reordenar las obras licitadas y adjudicadas”.
Por otro lado, ingresó el proyecto que establece el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública, que fija deberes e incompatibilidades para todo el ámbito de la provincia, en cualquiera de sus tres poderes, órganos de control, entes autárquicos, descentralizados, empresas u organismos, comprendiendo también a los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno. El texto obliga la presentación de la declaración jurada patrimonial integral; prohíbe la candidatura de personas condenadas por delitos contra la administración pública, penales o económicos; y estipula que las personas designadas en un cargo político, que son de planta de la administración, tomen licencia y opten por una sola remuneración.
Con cautela en la relación con Nación, donde Frigerio ratifica las coincidencias con el plan de Milei pero sufre la intransigencia libertaria con los mandatarios provinciales, los dos fines cruciales de Casa Gris a corto plazo son la preservación del capital político y la generación de hechos simbólicos, pero fundamentalmente de dar pasos significativos y tangibles de su plan de gobierno, en línea con la plataforma electoral prometida en los comicios del año pasado.
