Por: Carlos Heller
El proyecto de ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos, impulsado por el Frente de Todos, tiene como objetivo informar la presencia de exceso de nutrientes críticos como sal, sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans, en los alimentos procesados. La oposición de Juntos por el Cambio frustró el tratamiento de la iniciativa dejando a la sesión en la Cámara de Diputados sin quórum. ¿Qué es lo que se expresó en esta disputa? Por un lado, la aprobación de un instrumento para que el consumidor decida sobre sus propios consumos y tenga la opción de aumentar la protección de su salud. Ello supone poner en juego un valor que suelen citar insistentemente: el de la libertad individual para tomar decisiones racionales. Por otro lado, el lobby de muchas empresas productoras de estos alimentos procesados que temen que esta mayor información en los alimentos pueda reducir sus ventas. Por supuesto, el proyecto de ley de etiquetado frontal sólo provee información al consumidor. No impone ninguna prohibición. Muchos de los alimentos que se ingieren sin contar con demasiada información suelen estar vinculados al aumento de la malnutrición y de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o las cardiovasculares. Es un derecho elemental disponer de esa información. Incluso en muchos países de la región ya se aplican estas normas, con el apoyo de organismos como la ONU y la FAO. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, afirmó que “cuando ponemos calaveras (en referencia al octógono negro que aparecería en los envases advirtiendo de los excesos) evidentemente estamos demonizando (…); está claro que es una modalidad que tiene por finalidad no informar sino disuadir”. A partir de estas declaraciones, no es para nada aventurado señalar que algunos legisladores pusieron palos en la rueda al tratamiento de la iniciativa expresando los intereses de estos actores corporativos. Es lógico: producir alimentos saludables tiene mayores costos. Además, los aditivos que contienen algunos de esos productos hacen que se consuman más de lo necesario. Entonces, hay un interés comercial que puede resultar afectado. Hay un debate de fondo que es necesario seguir estimulando: el que se produce entre dos posiciones, la que sostiene que el sistema social y económico se puede desarrollar sin reglas, donde cada uno hace lo que quiere; y, por el contrario, la posición que sostiene la necesidad de un Estado presente que regule, ponga límites y defienda el interés de la ciudadanía.
