AGMER junto a AMET Y UDA, acudieron a la Justicia buscando promover una medida autosatisfactiva innovativa -similar a un amparo- contra el Consejo General de Educación (CGE) y el Gobierno de Entre Ríos para que se “ordene” dejar sin efecto el dictado de clases presenciales mientras persista la situación sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.
También, pidieron que “se dejen sin efecto los actos administrativos que hubiere dictado en contrario y aquellas disposiciones que disponen represalias contra los docentes que se adhieren a las medidas de acción gremiales resueltas para procurar la protección de los derechos a la salud y a la vida que se ponen en riesgo con los dispositivos que instamos se dejen sin efecto”. Se trata de una referencia a la resolución del 16 de de junio, a través de la cual el CGE dispuso que “el desarrollo de las clases en los establecimientos educativos dependientes del Conejo General de Educación, a partir del 14 de junio del corriente, es con la modalidad presencial o mixta”, debiéndose “en caso de incumplimiento, cargar las inasistencias injustificadas”.
Los gremios indican que ese decreto “no abreva en definitiva en ningún criterio epidemiológico ni referencia de indicadores en ese sentido para tal determinación”. Tampoco establece, agrega, “temporalidad, tal cual se venía realizando, con una suerte de periodicidad que indicaba que se irían revisando esos criterios epidemiológicos para asumir las decisiones”.
Buscando rechazar la presencialidad. El planteo de los gremios
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