Fue durante la misión comercial entrerriana que hizo el mandatario y empresarios al país vecino.
Gustavo Bordet formo parte de la conmemoración de las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) junto con la colectividad judía de la ciudad brasilera de San Pablo. En esa línea, manifestó que continuarán reclamando para que las familias de las 85 víctimas tengan la respuesta que buscan y mencionó el proyecto de ley por el cual Entre Ríos será la primera provincia argentina con una ley antisemita.
La actividad conmemorativa se desarrolló en el Club Hebraica Sao Pablo, y además de Bordet, estuvieron el jefe de Gabinete de la Embajada argentina en Brasil, Pablo Antonio De Angelis; el presidente de la Fundación Israelita de Estado de San Pablo (Fisesp), Marcos Knobel; el cónsul general Luis María Kreckler y el Rabino Motel Malowany.
En ese marco, el mandatario agradeció «la oportunidad de realizar la conmemoración de la trágica fecha del 18 de julio, cuando se produce el atentado a la AMIA en Argentina», y que el próximo lunes se cumplirán 28 años.
«Seguiremos reclamando como siempre justicia para que las familias de las 85 víctima tengan la respuesta que buscan desde aquel entonces», aseguró tras precisar que «en mi provincia y ciudad hubo tres mujeres entre esas 85 víctimas: Rosa, Rebeca y Silvia». Recordó que esta última mujer había ido a buscar trabajo porque «la AMIA es una entidad que promueve la solidaridad y los valores que reflejan el tener un comunidad donde todos puedan ser parte y puedan realizar sus objetivos». «Condenamos todo terrorismo en cualquiera de sus acepciones. Tiene que ser desterrado de nuestro mundo todo tipo de acciones terroristas que atenten contra distintas comunidades, y particularmente, contra todo lo que signifique el odio racial en todas sus expresiones», detalló.
Mencionó luego el convenio de cooperación celebrado años atrás con AMIA a partir del cual se incluye en los contenidos educativos de Entre Ríos una materia que inculca a niños y jóvenes aspectos contra la discriminación y el antisemitismo. Pero «entendimos que no era suficiente y que había que darle previsibilidad porque a veces los convenios empiezan y terminan con una gestión de gobierno. Había que transformarlo en una política pública que trascienda gestiones de gobierno”, apuntó.
