El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, cuestionó los alcances del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente. El funcionario sostuvo que la reforma no contribuirá a reducir los índices delictivos ni a mejorar la seguridad ciudadana y expresó reparos respecto de su compatibilidad con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El nuevo régimen comenzó a regir para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos y contempla, entre otras disposiciones, penas de hasta 15 años de privación de la libertad.
Benítez recordó que la Defensoría General de Entre Ríos ya había manifestado su rechazo a la reforma, tanto por el procedimiento utilizado para su aprobación como por sus contenidos. “Nosotros ya nos hemos expresado en contra del cambio de régimen, de la manera en que se dio y del contenido del mismo”, señaló.
Críticas a la reducción de la edad
Para el Defensor General, bajar la edad de punibilidad no constituye una herramienta eficaz para enfrentar la inseguridad. El régimen anterior establecía la responsabilidad penal a partir de los 16 años, mientras que la nueva normativa la extiende desde los 14.
“Si el objetivo de esto es lograr mayor seguridad ciudadana, eso no se va a lograr con la baja de la edad de punibilidad”, afirmó.
En ese sentido, comparó la situación argentina con la de otros países de la región. Según indicó, Argentina registra una tasa de 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que países con edades de punibilidad inferiores presentan índices considerablemente más elevados.
Benítez mencionó entre ellos a Uruguay, Brasil, México y Paraguay. “Países que tienen una edad de punibilidad de 12 o 14 años, como vamos a tener nosotros ahora, tienen índices de homicidios muchísimo mayores a la República Argentina”, sostuvo.
Y agregó: “Eso nos demuestra que la baja de edad no disminuye el delito ni da mayor seguridad ciudadana. Si ese es el objetivo, no se va a lograr con esto”.
Penas de hasta 15 años
Otro de los aspectos cuestionados por Benítez es la posibilidad de imponer penas de hasta 15 años de prisión a adolescentes. Si bien reconoció que establecer un límite máximo puede considerarse un avance respecto de la ausencia de un tope específico, advirtió sobre la extensión de las condenas y la falta de mecanismos de revisión.
“Conjuntamente con esta baja se establecieron una serie de mecanismos. Por ejemplo, un máximo de pena de 15 años. Eso, en cierto sentido, se puede interpretar como algo progresivo porque le pone un límite a la pena”, explicó.
Sin embargo, comparó el régimen argentino con el brasileño, donde, según señaló, las medidas para adolescentes tienen un máximo de tres años y son revisadas periódicamente.
“Acá no solamente es de 15 años, sino que además no se prevé la revisión de la condena, como dicen los tratados internacionales”, cuestionó.
En su opinión, estas disposiciones representan un retroceso en materia de derechos de niños y adolescentes. “Es una ley regresiva, que retrocede los derechos de los niños y que no se condice con los tratados internacionales, con la Convención sobre los Derechos del Niño ni con las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, afirmó.
La aplicación en Entre Ríos
Otro de los planteos formulados por el funcionario está relacionado con la distribución de competencias entre la Nación y las provincias. Benítez sostuvo que la nueva legislación podría avanzar sobre facultades que no fueron delegadas por las provincias al Estado nacional.
“Esta ley avanza sobre las autonomías provinciales. Si bien es una ley de derecho sustancial, avanza sobre derechos que no fueron delegados por las provincias a la Nación”, señaló.
En el caso de Entre Ríos, recordó que existe una normativa provincial vinculada con los procesos penales que involucran a personas menores de edad. Por eso, consideró que los operadores judiciales deberán determinar qué aspectos del nuevo régimen nacional resultan aplicables y cómo deben articularse con la legislación provincial.
“Se va a tener que deslindar qué es lo que se aplica a nivel nacional y qué es lo que nosotros vamos a aplicar a nivel provincial, porque tenemos una ley provincial penal de menores”, explicó.
Benítez sostuvo que jueces, fiscales, defensores y demás operadores judiciales deberán interpretar la nueva normativa de manera armónica con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
“Debemos tratar de armonizar esta ley, que no es compatible, con la Constitución Nacional. Es una tarea que vamos a tener que hacer todos los operadores de Justicia”, afirmó.
Finalmente, el Defensor General volvió a cuestionar que la reducción de la edad de punibilidad sea presentada como una respuesta al problema de la inseguridad. “No mejora la seguridad ciudadana ni reduce los delitos”, concluyó.
