Con la promesa de internas hacia 2023, oficialismo y oposición inician el tránsito de los próximos dos años, donde el acuerdo con el FMI, la economía y el rol del Poder Judicial son agenda prioritaria. Explosión del turismo y tercera ola de contagios. En Entre Ríos, Bordet propone nombres en el Superior Tribunal de Justicia, mientras atraviesa tormentas en el Ministerio Público Fiscal.
Por Mariano Osuna
Se fue un 2021 cargado de excepcionalidades, en un contexto internacional que tuvo récord de contagios de una pandemia que sigue azotando al mundo, que atraviesa en Europa su quinta ola, y que vuelve a ser protagonista de las noticias centrales en Argentina. La llegada de una nueva ola, que cerró el año con más de 45 mil contagios en el país, tiene números de internaciones y muertes exponencialmente menores, debido a que el 72% de la población tiene el esquema de vacunación completo. Por supuesto que cada muerte duele, pero indudablemente el panorama no es el mismo que en las olas anteriores. A partir de ayer, en la primera jornada del 2022, el pase sanitario se encuentra vigente en todo el país, destinado para el ingreso a locales bailables, salones de fiesta, viajes grupales y eventos organizados para más de mil personas en espacios cerrados o abiertos. A la vista, se confirma que el nivel actual de internación tiene un alto porcentaje de personas que no han completado su esquema de vacunación o ni siquiera lo han iniciado.
Dar vuelta la página
Tras un año y nueve meses de alerta epidemiológica, con prioridades sustanciales en la situación sanitaria y en la reconstrucción o contención de un tejido social y productivo condicionado por la pandemia y la crisis preexistente, el Gobierno nacional apuesta a dar vuelta la página, trasladando la iniciativa a la agenda pre-pandemia, descripta durante la campaña de 2019 como programa de gestión. Pasadas las elecciones de medio término, el Ejecutivo intenta mantenerse en la centralidad política, con los objetivos fundamentales de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recuperación de la inversión social en obras públicas, combate de la inflación y mejora de los ingresos.
Luego de las conclusiones del directorio del FMI respecto al histórico crédito otorgado en 2018 y al accionar de la administración de Mauricio Macri, el equipo económico nacional busca una mejora de las condiciones respecto a los plazos y las formas de pago, en un escenario que requiere un Estado mucho más activo en los próximos dos años para la recuperación económica. Medidas que van desde lo más tangible, como rutas, cloacas, viviendas, agua potable y hospitales, a distintas definiciones sobre la regulación financiera, el mercado interno, la industria, las economías regionales, las cadenas de valor y el poder adquisitivo.
Empate técnico
Luego de los daños colaterales que dejó la decisión opositora, en la Cámara de Diputados, de dejar sin presupuesto al Gobierno nacional, los sueños de Juntos por el Cambio y de algunos aliados del resurgimiento del grupo A (aquella experiencia de 2011 que bloqueó la agenda del oficialismo durante la presidencia de Cristina Fernández), duró solo unos días. La segunda sesión, convocada por la propia oposición, para la aprobación de un proyecto con media sanción del Senado sobre la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales, no resultó como la habían planificado y finalizó con una victoria del Frente de Todos, que logró además subir el porcentaje del impuesto a quienes tienen bienes por un total superior a los 100 millones de pesos y a quienes los poseen en el exterior. El traspié opositor dejó declaraciones cruzadas entre los que miran la coyuntura con el ojo puesto en 2023, especialmente el ahora presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero también al interior de los partidos integrantes de la alianza.
Con la media sanción lograda en la Cámara Baja, se reunió con su nueva composición el Senado de la Nación, donde el oficialismo tampoco tiene quórum propio, por primera vez desde 1983, aunque cuenta con dos provincias aliadas, con expresiones locales, como Misiones y Río Negro. A eso se sumó la riojana María Clara Vega, que ingresó por Juntos por el Cambio pero luego rompió y se quedó en un bloque unipersonal. La radiografía final de las últimas dos sesiones en ambas cámaras dejó sabor amargo en la oposición y un diagnóstico más esperanzador para el Frente de Todos, donde la cintura política del oficialismo y la articulación con gobernadores será crucial para el logro de triunfos legislativos y la aprobación de leyes.
La agenda propia del Poder Judicial
El pasado 16 de diciembre, en un fallo insólito, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, en una definición que determinó que su composición pase nuevamente de 13 a 20 integrantes. En ese veredicto, el máximo tribunal del Poder Judicial exhortó al Congreso nacional que efectúe una nueva normativa que se adecúe a los requerimientos constitucionales, ya que de no lograrse el número exigido cualquier definición del Consejo será nula. Toda una postura justo en días que el Gobierno nacional estaba trabajando en una reformulación sobre dicha Ley, que deja dudas sobre lo que puede ocurrir si no se llega a una nueva normativa ni a la cantidad de integrantes requeridos.
En línea, las principales causas de espionaje contra la administración de Mauricio Macri, que les dejaron algunos dolores de cabeza en estos días, pasaron confusamente a Comodoro Py, bastión de Cambiemos en el último lustro. A la par, se dio la aparición de videos donde intendentes, funcionarios de la AFI de Cambiemos y de la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, y operadores del Poder Judicial, confesaron el armado de causas contra sindicalistas opositores.
Luego del cambio de la Corte automática menemista, la muerte o jubilación de distintos integrantes dieron el escenario ideal para reformulaciones durante la gestión de Cambiemos, incluso con el nombramiento por decreto de dos integrantes del máximo tribunal de Justicia, el actual presidente y vicepresidente primero de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Tan irregular se volvió la situación del Poder Judicial, además de las distancias casi irreconciliables con las necesidades de una sociedad que exige otra celeridad en temas claves, que durante los años de Mauricio Macri en el Ejecutivo todas las causas contra la principal fuerza opositora, hoy reeditada en el Frente de Todos, caían en el juzgado de Claudio Bonadío.
Hace unos días, los camaristas Llorens y Bertuzzi revocaron el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, entre otros 30 imputados por espionaje ilegal contra periodistas, opositores, sindicalistas, religiosos, familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan e incluso dirigentes de Juntos por el Cambio. Uno de esos jueces fue una visita recurrente de Casa Rosada entre 2016 y 2019 y el otro puesto por el Ejecutivo, en un contexto que hizo renunciar a varios jueces disidentes con la estrategia judicial del macrismo. A eso agregarle que la apelación de las querellas y la fiscalía sobre ese fallo será resuelto por los jueces Hornos y Borinsky, muy cercanos al macrismo, a tal punto que se encontraban a jugar al tenis con el propio ex Presidente de la Nación.
Más allá de las coincidencias o disidencias ideológicas con Juntos por el Cambio o con el Frente de Todos, está claro la pérdida de aprobación y confianza en el Poder Judicial y la necesidad de transformaciones estructurales que acerquen su accionar a las necesidades del país. Se trata de un tema de mucho valor para la democracia y para las instituciones, que debe analizarse más allá de las pertenencias partidarias, como política de estado, por fuerza de los gobiernos de turno. Lo propio ocurre con la AFI, que representa un eslabón clave e indispensable en materia de derechos humanos y de la consolidación de la Democracia.
Entre el Ministerio Público y el final de gestión
El Gobernador de Entre Ríos transita sus últimos dos años de gestión, a sabiendas que luego de la reforma constitucional los gobernadores sólo pueden repetir una vez su mandato. Con menos capital político que sus dos antecesores, la figura del mandatario será una voz de peso trascendental en la definición de las candidaturas de 2023, donde hay un consenso general, incluso a nivel nacional, de la realización de internas, a contrapelo de lo ocurrido en las últimas décadas en los comicios ejecutivos, con la sola excepción de la conformación de la lista 100 en 2007, aunque técnicamente no fue una interna, ya que esa boleta bajo la fórmula de Julio Solanas y Enrique Cresto fue por afuera del PJ.
A la espera de algunos cambios del Gabinete provincial, que adelantó la semana pasada Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, Gustavo Bordet apuesta al relanzamiento de la gestión, con una alianza estratégica con los otros gobernadores de la región centro, especialmente Santa Fe y Córdoba, ambas experiencias con nombres de coaliciones vinculadas a las provincias y fuera de la denominación común de Frente de Todos, en la búsqueda de posicionamiento dentro del justicialismo nacional.
Los cimbronazos a nivel general del Poder Judicial también tienen su correlato en la provincia de Entre Ríos, donde el Gobernador envió al Senado provincial el pliego de Gisela Schumacher, actual jueza de la Cámara en lo Contencioso administrativo de Paraná, como vocal del Tribunal Supremo de Justicia, en reemplazo de Emilio Castrillón, quien se jubiló entre denuncias y una salida un tanto desprolija. La abogada, especialista en Derecho Administrativo, que posee un largo currículum que abarca la docencia, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, el Juzgado de Paz y la Fiscalía del Estado, es pareja de Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados. Aunque las críticas que reducen su amplia trayectoria jurídica a una relación sentimental parecen un argumento pobre y machista, es claro que hay una arista de interrogantes vinculada a la independencia de poderes.
En el medio, se lleva adelante el jury de enjuiciamiento contra la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche por mal desempeño, en relación a su accionar en la causa que investiga contrataciones irregulares en el Poder Legislativo entre 2008 y 2018. El 31 de diciembre pasado finalizó el mandato de dos años de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, conformado por el Superior Tribunal de Justicia, un representante de cada Cámara y dos del Colegio de Abogados, con lo cual debe realizarse la designación de los nuevos miembros, mientras Goyeneche espera el debido proceso suspendida de sus funciones. Bastante alejado de la agenda ciudadana, el microclima judicial y político vive meses de tensión, en un contexto sin precedentes para la administración de Bordet, que intentó siempre exponer la transparencia, la institucionalidad y la independencia de poderes como fortalezas de su gestión.
Pequeño receso
El cierre de fin de año deja un pequeño paréntesis durante enero en las principales definiciones políticas, las que atañen al recorrido de gestión nacional y provincial, a la vinculación con el Poder Judicial, a la dinámica del Congreso, donde se espera el llamado a sesiones extraordinarias para fines de enero, y a la señal de largada de aspiraciones legítimas en el oficialismo y en la oposición, tanto en la liga mayor como en el pago chico, donde hay varios anotados, más aún luego de las opiniones vertidas por Alberto Fernández y Gustavo Bordet respecto a las internas. El Gobierno nacional, aliviado por una temporada récord de turismo, luego de las frustraciones, los dolores, los efectos y las consecuencias de la pandemia, arranca un segundo tiempo cargado de expectativas, donde la economía y la decisión política serán cruciales en los tiempos que se avecinan.
