El nuevo esquema de subsidios energéticos dispuesto por el Gobierno implicará aumentos de hasta el 67% en la tarifa eléctrica para los hogares que aún mantienen asistencia estatal, en un contexto donde las consultoras proyectan una inflación de febrero entre el 2,3% y el 3%, y el piso inflacionario se consolida en 2,5%-3%.
El ajuste responde a una reducción del tope de consumo subsidiado a 150 kwh mensuales (la mitad de lo permitido durante el verano), según datos de las distribuidoras. Desde el área de Energía argumentaron que el impacto «no se va a sentir» porque en marzo el consumo cae por razones estacionales, apostando a que el clima disimule el aumento en las facturas.
La medida se da en un escenario de inflación persistente: Equilibra proyecta 2,3% para febrero, LCG entre 2,5% y 2,6%, y EcoGo cerca del 3%. La carne y los alimentos siguen al alza, y a ellos se suman los incrementos en electricidad, transporte y gas. El nuevo esquema de subsidios impacta en un IPC que ya estaba cuestionado tras la salida forzada de Marco Lavagna del Indec por resistirse a esconder el nuevo índice con mayor ponderación de servicios públicos.
El Gobierno busca una desaceleración que no llega, y la tensión entre la medición técnica y la percepción social se profundiza, dado que los gastos rígidos como la electricidad son imposibles de postergar para los hogares.
