El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, reclamó este lunes a los gobernadores que tomen una postura clara y faciliten el quórum en el Congreso para tratar el rechazo a los vetos que el presidente Javier Milei impuso sobre tres leyes clave que impactan en sectores vulnerables: el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Según Aguiar, estas normativas representan herramientas fundamentales para mejorar la vida de jubilados, personas con discapacidad y prestadores de servicios del área. “¿Se puede vivir con una jubilación de $350.000? Es una miseria”, lanzó el dirigente, remarcando la urgencia de recomponer ingresos y ampliar la asistencia.
Las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo incluían un incremento del 7,2% para las jubilaciones, la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, la continuidad de las moratorias y la declaración de emergencia para discapacidad hasta 2027, con financiamiento asegurado para enfermeros, acompañantes terapéuticos y transportistas, entre otros actores.
Aguiar pidió a los mandatarios provinciales que dejen de lado las “especulaciones y ambigüedades” y actúen con empatía ante el sufrimiento de los sectores más golpeados. “La política no puede seguir deteriorando la vida de la gente. Tiene que servir para mejorarla”, sostuvo.
En ese marco, denunció presiones del Gobierno nacional sobre las provincias y exhortó a los gobernadores a plantarse ante lo que calificó como “extorsiones del Ejecutivo”, defendiendo el federalismo y los intereses locales. “Saben muy bien que estas leyes no afectan el supuesto equilibrio fiscal”, afirmó.
El pronunciamiento del gremio ocurre en paralelo a la reciente coordinación entre provincias, tras los encuentros en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde gobernadores de Chubut, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Santa Cruz comenzaron a delinear una estrategia común en el Congreso.
Desde ATE esperan que esa articulación se traduzca en un respaldo efectivo para restituir los beneficios sociales vetados. “Es una oportunidad para comenzar a reparar la crisis de representación que atraviesa la política argentina”, concluyó Aguiar.
