Fue acusado de los delitos de abuso sexual simple reiterado, agravado por la situación de guarda, aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente y exhibiciones obscenas agravadas. Le dieron siete años de prisión pero está libre y continúa en el Ejército. El dolor de las víctimas que esperan justicia.
Por: Matías Dalmazzo
El 16 de octubre de 2019 el tribunal de juicio oral integrado por Chaia, Martínez y Bruzzo condenaron a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo a una persona de apellido Escalada; por los delitos de abuso sexual simple reiterado, agravado por la situación de guarda, aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente y exhibiciones obscenas agravadas. El abusador es oficial del Ejército Argentino, cometió el delito en Concepción del Uruguay, fue condenado por la justicia entrerriana y nunca estuvo detenido. Actualmente reside en Zapala, provincia de Neuquén, a la espera de que la Cámara de Casación Penal de Concordia se expida sobre una presentación realizada por la defensa del abusador. Mientras la justicia pareciera tomarse su tiempo para resolver este caso de manera definitiva, la redacción de La Calle desmenuzó a fondo el caso con Sebastián Arrechea, abogado que representa a Itatí y Guadalupe, las víctimas de esta historia que reclaman que se cumpla con la sentencia que ya existe en la justicia entrerriana.
¿Cómo te llegó el caso?
Me lo derivó la colega Andrea Beatriz Núñez, que fue la primera abogada que representó a Itatí y Guadalupe, hijas de Griselda y Fabián. Núñez estuvo desde el inicio de la investigación, cuando se radicó la denuncia y se tomó conocimiento por parte de la Fiscalía de este hecho delictivo.
¿Cuál es tu estrategia del proceso penal?
Siempre fue la misma, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, manteniendo las mismas evidencias y ayudando al ministerio en la teoría del caso; que sería justamente la pretensión punitiva mediante la aplicación de una pena de prisión por los hechos delictivos. Esto siempre teniendo en cuenta la calificación legal provisoria que habría escogido el Ministerio Público Fiscal; la cual avaló la colega Núñez en un principio y posteriormente yo, cuando me hice cargo de la defensa del caso. Estamos de acuerdo con la Fiscalía.
¿Cómo fueron los hechos?
Ocurrieron en el pasado, cuando Guadalupe tenía ocho o nueve años e Itatí era un poco más grande, mientras el acusado estaba a cargo del cuidado de las niñas; al mismo tiempo que la madre de ellas trabajaba. Esta persona se introdujo en el mundo familiar de las niñas, primero como amigo, ya que se conoce con la mamá en la iglesia; donde era partícipe activo de este ámbito religioso. Finalmente la mujer fue engañada y le abrió la puerta de la familia, con conocimiento del padre de las menores.
¿Cómo continuó?
El acusado encaró un proceso de adquisición de confianza por parte de la madre, donde empezó con la actitud de cuidar a las menores y darles de comer. Luego siguieron los abusos, que eran simples y reiterados; en algunos casos con exhibiciones obscenas, donde les hacía ver películas pornográficas.
¿Qué relación tiene esta persona con las fuerzas de seguridad?
Ya estando en convivencia con la madre de las niñas, el acusado tomó la decisión de inscribirse en el ejército, luego de haber realizado el hecho delictivo y posiblemente mientras lo seguía cometiendo. Luego lo trasladan a Zapala, provincia de Neuquén, donde explota la situación de alguna manera.
¿Por qué?
Griselda se estaba por casar con el acusado, con la intensión de mudarse los cuatro a Zapala. Cuando las nenas se enteran de esto, Guadalupe, la más chica de las hermanas, dijo que no quería vivir con ellos; entonces el abusador alegó que no se quería casar, ya que la nena no aceptaba convivir todos juntos. Esto asombró a la madre y finalmente Guadalupe reveló lo que estaba ocurriendo, Itatí se enteró y también contó su padecimiento. Ósea que la negativa de Guadalupe y la exigencia de Escalada para que la menor vaya a vivir con ellos, de lo contrario no contraerían matrimonio con Griselda, fue lo que enrareció en cierto modo esta situación.
¿Tiene una condena por abuso y sigue perteneciendo al ejército?
Las Fuerzas Armadas tienen reglamentaciones y normativas específicas dentro del ejército, con una índole más nacional. Estimo que donde exista un conocimiento de una condena firme en la justicia, sin dudas van a desafectar a esta persona. Los miembros de la fuerza militar no deben estar condenado por ningún delito. Están haciendo prevalecer el principio de inocencia.
Se demostró lo contrario con una sentencia…
Sí, pero la sentencia no está firme. Lo cierto es que esa sentencia fue impugnada y está en tratamiento; entonces sigue en cierto modo en vigencia el principio de inocencia, hasta que la sentencia quede firme y quede en estado de ejecución. Muy cautelosamente, el Ejército está esperando eso; desde el punto de vista formal con buen tino y desde el punto de vista de los sentimientos de las víctimas: es lógico que sientan que ya debería haber sido apartado, al menos de manera preventiva. Son reglamentaciones internas de la fuerza militar que uno no puede cuestionar; pero seguramente tendrán su fundamento filosófico, histórico y social-militar. No incide en sí el sentimiento de justicia para las víctimas, ellas querían justamente que se declarar responsable por el hecho delictivo.
Por el momento el acusado está sentenciado y sigue su vida normal ¿Cómo crees que seguirá?
Obviamente creo y pretendo que la sentencia se confirme. Creo que no se va a hacer lugar al recurso de Casación que se interpuso por la defensa de Escalada, pero las posibilidades están. Tengo entendido que la sentencia de la condena es sólida; no quiero poner la palabra ejemplar ya que tiene otras connotaciones que por ahí se confunden con lo que es realmente una justicia ejemplarizada. No me gusta mucho la justicia ejemplarizada, porque tiene mucho que ver con el imaginario colectivo de una justicia expedita y rápida para dar respuesta al delito, sin salvaguarda de las garantías constitucionales.
¿Cómo es esa sentencia?
Sólida, hermética, racional y no arbitraria; debido a que se valió de evidencias que se convirtieron en pruebas, como fueron las periciales psicológicas-psiquiátricas de las niñas, la Cámara Gesell y el testimonio de las psicólogas tratantes. Son evidencias significativas. Los delitos de abuso sexual, como en algún momento el Fiscal de Cámara Diego Young nos ha dicho en los debates: son delitos de alcoba, no hay evidencia como testigos directos o una cámara que esté filmando. En los hechos de índole sexual, queda plasmada la vivencia atroz y desafortunada en la psiquis de la víctima; es ahí donde la pericial psicológica cobra significativa importancia. Entiendo que la Cámara de Casación Penal de Concordia, a mi forma de ver y según nuestras pretensiones, va a confirmar la sentencia; ya que tiene un contenido y una coyuntura decisional extremadamente racional y basada en las pruebas, que demuestran con certeza la responsabilidad de Escalada.
¿Existe un aumento de denuncias de este tipo, donde la víctima adquiere la fortaleza como para contar lo que padeció?
Sí, han aumentado considerablemente las denuncias de personas que ahora son mayores de edad o inclusive de aquellas que aún son niños y se animan a contar lo que han padecido en su momento, víctimas de un delito tan aberrante como es el abuso sexual. Hoy lo pueden contar y no lo dejan escondido en su realidad psíquica, lo anotician y así han aumentado sideralmente los casos por abuso sexual en sus tres significancias: simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal, con todos los agravantes legislados en el artículo 119 del Código Penal.
La justicia se ha amoldado también a ese anoticiamiento delictivo, flexibilizando en cierto modo, y esto es importante, la necesidad de la prueba para demostrar la certeza positiva de la responsabilidad penal. Antes se exigía un poquito más; con pericias psicológicas, en cierto modo revictimizando un poco al denunciante. Ahora, con la mínima intervención del estado, a través de los peritos psicológicos y vislumbrándose ser víctima de un delito sexual, ya hay una respuesta punitiva del estado.
