La justicia argentina solicitó este viernes a Interpol la detención de 61 bolsonaristas prófugos que participaron en los violentos disturbios ocurridos en Brasil en enero de 2023, tras ser involucrados en el asalto a varias dependencias gubernamentales. Los implicados, que están procesados o condenados por los hechos, habían irrumpido en las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo el 8 de enero de ese año, en lo que fue un intento de derrocar al gobierno electo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió la presidencia luego de derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
La solicitud de detención llega en un momento clave, a pocos días del primer encuentro entre los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, que se llevará a cabo en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, la próxima semana. Esta reunión se produce en un contexto de estrechamiento de relaciones bilaterales entre ambos países, en un periodo de creciente cooperación en materia de seguridad y justicia.
Un mes atrás, el Tribunal Supremo de Brasil había solicitado formalmente la extradición de los prófugos a la Argentina, y este viernes el juez federal argentino, Daniel Rafecas, formalizó la petición de detención después de recibir el expediente correspondiente desde la Cancillería argentina. A raíz de esta solicitud, las fuerzas de seguridad argentinas han intensificado los operativos para capturar a los prófugos, algunos de los cuales se cree que han permanecido en territorio argentino desde los disturbios en Brasilia.
Hasta el momento, dos ciudadanos brasileños han sido arrestados en La Plata, acusados de «intento de golpe de Estado», «destrucción de la propiedad pública» y «asociación para delinquir». Ambos fueron identificados como partícipes activos de los desmanes ocurridos en Brasilia, donde los manifestantes, mayoritariamente seguidores del expresidente Bolsonaro, tomaron por asalto la sede del gobierno (Planalto), el Congreso y el Tribunal Supremo, exigiendo la intervención militar para evitar la toma de posesión de Lula, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2023.
El asalto fue el clímax de una serie de protestas violentas en Brasil en las que los manifestantes alegaban un fraude electoral en las elecciones que habían resultado en la victoria de Lula. Los bolsonaristas, al considerar que la elección había sido manipulada, pedían la intervención de las Fuerzas Armadas para anular el resultado de las urnas y evitar que Lula asumiera la presidencia. Estos eventos se inscribieron dentro de un clima de creciente polarización política en Brasil, alimentado por las denuncias de fraude promovidas por el propio Bolsonaro y sus seguidores, aunque no se presentaron pruebas que respaldaran tales acusaciones.
El asalto a las instituciones democráticas en Brasilia fue rápidamente condenado a nivel internacional, y el gobierno de Lula ha trabajado intensamente para procesar a los responsables. La cooperación judicial entre Brasil y Argentina ha sido fundamental para la localización y captura de los prófugos que cruzaron la frontera en los días posteriores a los disturbios.
Se espera que, en los próximos días, se intensifiquen las operaciones en territorio argentino, mientras las autoridades brasileñas continúan presionando para que se haga justicia por los daños ocasionados durante el ataque a las instituciones en Brasil. Este hecho no solo resalta la gravedad de los intentos de desestabilización en Brasil, sino también la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad de los involucrados en delitos de esta magnitud.
