El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo, expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. No obstante, aclaró que el reclamo por la aplicación integral de la norma continuará por otra vía judicial.
La resolución judicial ratifica la obligación del Estado nacional de aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En diálogo con Cara y Ceca, por Radio UNER, Arbelo sostuvo que la decisión representa «una gran satisfacción para el conjunto de las universidades públicas» y la vinculó al proceso de movilización que atravesó el sistema universitario durante los últimos meses.
«Hemos tenido cuatro marchas federales históricas, una fuerte lucha de los gremios y un respaldo muy importante de la sociedad. Las universidades lograron resistir y hoy obtienen este resultado positivo, aunque todavía no implica la aplicación plena de la ley», afirmó.
El reclamo judicial continúa
El rector explicó que la cautelar alcanza únicamente a los artículos referidos a salarios y becas, mientras que el resto de los puntos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario, como la actualización del presupuesto de funcionamiento y otros programas, seguirá siendo discutido en la Justicia.
«El amparo por la aplicación plena de la ley continúa por otra vía. Lo que queda firme ahora es la obligación del Gobierno de cumplir con esos dos artículos, ya sin más instancias formales para evitar su aplicación», señaló.
Además, recordó que en los últimos días se alcanzó un acuerdo parcial para recomponer los salarios universitarios, incremento que comenzará a reflejarse en las liquidaciones correspondientes a este mes.
Una crisis que dejó secuelas
Arbelo también se refirió al deterioro salarial que afectó al personal universitario durante los últimos meses y reconoció que muchos trabajadores optaron por abandonar sus cargos o buscar otras alternativas laborales.
«Hay situaciones que son muy difíciles de revertir. Cuando una persona toma la decisión de dejar su trabajo para seguir otro camino, no siempre es sencillo recuperar ese vínculo. Lo que se ha ido rompiendo cuesta mucho reconstruirlo», expresó.
Sin embargo, destacó que el compromiso de la comunidad universitaria permitió sostener el funcionamiento del sistema. «Nunca se perdió la motivación. La empatía y el sentido de pertenencia fueron fundamentales para que las universidades continuaran cumpliendo sus funciones», remarcó.
Expectativa por el diálogo con el Gobierno
Finalmente, el rector se mostró partidario de retomar el diálogo entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.
«Todo diálogo requiere de dos partes. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional siempre hubo voluntad y esperamos que ocurra lo mismo del otro lado. Las universidades cumplen un rol estratégico para el desarrollo del país y especialmente de las provincias», manifestó.
En ese sentido, consideró que tanto el Congreso, al sancionar la ley, como la Justicia, al ratificar la cautelar, marcaron la necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con las obligaciones establecidas. Mientras tanto, aseguró que las universidades continúan desarrollando sus actividades académicas, de investigación y extensión, además de sostener proyectos y obras con recursos propios.
