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miércoles, julio 24, 2024

Apuntes sobre las gestiones de Milei y Frigerio, y la composición del tablero político, económico y social

El Senado de la Nación rechazó el mega-DNU 70/2023, mientras la Casa Rosada acelera con el nuevo proyecto de Ley Ómnibus y el paquete fiscal, en un contexto caracterizado por la fragmentación política y la incertidumbre económica. El posicionamiento de los legisladores entrerrianos y de Rogelio Frigerio, que también sufrió tensiones con el peronismo local.

Mariano Osuna
Periodista

 Luego de la convocatoria para el pacto del 25 de mayo en Córdoba y de la reunión de ministros nacionales con gobernadores y vicegobernadores de las 24 jurisdicciones argentinas, la hoja de ruta de Casa Rosada contempla la aprobación de un nuevo texto de la fallida Ley Bases, acompañado de una serie de iniciativas fiscales. La renovada versión del proyecto, conocido mediáticamente como Ómnibus, contempla 269 artículos y 177 páginas, con una redacción a cargo del ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Aunque existen consensos mayoritarios entre los bloques y los gobernadores autodenominados dialoguistas, sobre el contenido general de la propuesta, el presidente Javier Milei advirtió que su sanción será “una precondición” para el acuerdo simbólico de los 10 ejes programáticos, anunciado en el discurso inaugural de las Sesiones Ordinarias del Congreso nacional.

El flamante texto insiste en la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética, aunque en comparación al escrito original reduce su duración a un año y no permite su prórroga. En esa línea, recupera los articulados sobre la reforma laboral, las privatizaciones de empresas públicas, la desregulación de la economía, los cambios sobre los fondos fiduciarios y la modificación de la fórmula jubilatoria. En paralelo, el paquete denominado de alivio fiscal incluirá una moratoria o blanqueo impositivo; la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias; la constitución de regímenes de Transparencia Fiscal al Consumidor, de Regularización de Activos y de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; las reformas a los impuestos al Tabaco, de Bienes Personales e Impuestos internos, y del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; y la supresión del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

Auxilio internacional y orden interno

Aunque marzo y abril aparecen como meses bisagras de la apoyatura social, de los logros de gestión y de la legitimidad popular del Gobierno nacional, la apuesta sobre las condiciones necesarias de la macroeconomía se encuentra fijada en agosto. Allí, la oficina estelar de Casa Rosada se imagina un horizonte de acompañamiento legislativo, de aprobación de normativas claves, de desaceleración del proceso inflacionario y de levantamiento de la restricción a la compra de divisas (cepo), en la dirección hacia la anunciada dolarización. En ese camino, el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ante las dificultades del país para el acceso a crédito externo con distintos fondos de inversión. La necesidad de un nuevo préstamo internacional radica en el fortalecimiento de las reservas, pero fundamentalmente impulsa una mayor velocidad al proceso de dolarización o competencia de monedas. La respuesta cotidiana del organismo internacional, como de otros actores financieros globales, es que el programa económico de Milei requiere de respaldos políticos opositores y del apoyo legislativo de las diversas medidas.

Como analizó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la frustrada Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” tenía los votos necesarios para su aprobación en particular. Sin embargo, la intransigencia del Ejecutivo nacional para la negociación con las provincias dinamitó los puentes con los sectores que estaban a favor del contenido de la extensa iniciativa de La Libertad Avanza. Pese a los matices internos, las bancadas de la Unión Cívica Radical (UCR), de Innovación Federal, que nuclea a representantes de partidos provinciales de Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro, y de Hacemos Coalición Federal, que incluye a la Coalición Cívica, al peronismo cordobés, al socialismo santafesino y a sectores escindidos del PRO, se encontraban predispuestas al apoyo del 90% de las reformas incluidas en el megaproyecto. Atravesado por los debates respecto a las razones de aquella decisión de retirar el proyecto de Ley de la sesión, la principal consecuencia fue la invitación a los sectores más aliados a subirse al rincón opuesto del ring, como rivales de una contienda inesperada. Los motivos de esa determinación incluyen teorías sobre la supuesta carencia de cintura política, los problemas de improvisación y desconocimiento del trabajo legislativo, y la intencionalidad de una estrategia pensada y planificada de confrontación extrema y derrotas buscadas, que exponga a los espacios políticos reticentes al cambio, en una construcción schmittiana de amigo-enemigo.

Más allá de las voces oficialistas que conceptualizan ese frustrado proceso como un paso relevante para que la sociedad visibilice a quienes se oponen a los cambios planteados por el Ejecutivo nacional, ese malogrado antecedente sirvió para rediscutir la metodología para la consecución de esos apoyos. Un día después del rechazo en el Senado al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con diputados nacionales de los bloques de Propuesta Republicana (PRO) y del radicalismo, que más allá de algunos reclamos sobre el Impuesto a las Ganancias y los aumentos de las jubilaciones, serán cruciales para la defensa del megadecreto en la Cámara Baja y para la sanción de la nueva Ley Ómnibus.

Con ese mismo espíritu, este lunes continuarán los encuentros con el bloque conducido por Miguel Pichetto, fundamental para que Milei consiga las normativas troncales para su plan de gobierno. Esa bancada fue la misma que solicitó una sesión para este miércoles, con el propósito de efectivizar una nueva fórmula jubilatoria, pero no alcanzó el número necesario para el quórum (129 escaños). Fueron 119 los legisladores que dieron su presente en el recinto, con la participación de cinco diputados radicales, donde se destacó la adhesión del entrerriano Pedro Galimberti, marcando autonomía con el mandatario de la provincia, Rogelio Frigerio, y con su propio jefe de bloque, Hernán de Loredo. Con comportamiento contrario, el legislador Francisco Morchio, la única espada propia del ex Ministro del Interior, desistió de la postura del resto de su bancada, como ocurrió con los tres cordobeses que responden a Martín Llaryora. El mismo posicionamiento tuvo Innovación Federal, con los argumentos del respeto a la gobernabilidad y del acompañamiento a la convocatoria, a contrarreloj, de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, para iniciar ese mismo día la discusión por la actualización de los haberes de jubilados y pensionados.

¿Marcha atrás?

El jueves pasado, 42 senadores/as rechazaron el megadecreto “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina” y anotaron una nueva derrota transitoria (o victoria según el oficialismo) a la estrategia parlamentaria libertaria. Esa mayoría coyuntural estuvo conformada por los 33 integrantes de Unión por la Patria; los votos del entrerriano Edgardo Kueider y del correntino Carlos Espínola, de Unidad Federal; las adhesiones de los radicales Martín Lousteau y del fueguino Pablo Blanco; y los apoyos de José Carambia y Natalia Gadano de Alianza por Santa Cruz. En una fotografía que refleja el posicionamiento de las jurisdicciones patagónicas y sus roles activos contra el DNU, se sumaron los votos negativos de Edith Terenzi de Juntos por el Cambio Chubut; la zigzagueante Lucila Crexell de Neuquén, y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.

Más allá de las interpretaciones, el comienzo del período de Sesiones Ordinarias fue reduciendo el margen de maniobra de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para evitar la discusión por el mega-DNU. Sin embargo, esa votación también dejó ruidos internos entre el Presidente de la Nación y su compañera de fórmula, que fueron evidentes en las declaraciones de ministros y funcionarios respecto al papel de la titular del Senado para la habilitación del tratamiento del DNU. Aunque la exposición sea más tangible en estos tiempos, las diferencias en el binomio presidencial provienen desde la recta final de campaña del año pasado, donde la ex Diputada nacional siempre mantuvo gestos, declaraciones y modos autónomos para vincularse con el círculo rojo y sus rivales políticos. Lo cierto es que la forma y el fondo del programa de gobierno de Milei dejó cortocircuitos en los diferentes niveles de La Libertad Avanza, como también extinguió la antigua unidad de Juntos por el Cambio y rompió la composición del PRO, de la UCR y de varios partidos provinciales.

En ese contexto se ubica el comunicado firmado por los mandatarios radicales Gustavo Valdés de Corrientes, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco y Alfredo Cornejo de Mendoza, que desautoriza el posicionamiento de sus dos senadores rebeldes, Blanco y Lousteau, con la peculiaridad que el segundo es el presidente del partido a nivel nacional. “La Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo”, afirmaron en el escrito que también fue rubricado por los jefes de los bloques, el mencionado de Loredo y el senador correntino Eduardo Vischi. “Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno que acompañe las reformas estructurales”, explicaron. “Apoyamos la discusión y el impulso de reformas necesarias en el Gobierno nacional, para sacar a flote a nuestra sociedad”, expresaron en el documento que solo tiene una inasistencia peculiar, que es Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe.

Luego del eco interno entre Milei y Villarruel, convulsionado por el propio fuego amigo de ambos, la Presidenta del Senado difundió un video en redes sociales. «Mi compromiso con Javier Milei es inclaudicable», expresó. “Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos», aclaró. «El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente. No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner”, agregó. Por su lado, el Mandatario libertario subestimó posibles rispideces y apuntó a los sectores dialoguistas que facilitaron el debate y rechazaron el DNU. “Esto pone en dudas el Pacto de Mayo. No es lo que hablamos con los gobernadores. Veamos qué pasa en Diputados y con la Ley Bases», afirmó este viernes en una entrevista radial. «Hay algunos que han decidido el camino de la confrontación. Estaba dentro de los resultados esperables. Decidieron ir por el camino de la obstrucción y quedarse con sus privilegios en contra de los argentinos», cuestionó.

En sintonía con el comunicado de los gobernadores radicales, Frigerio criticó el resultado de la votación en la Cámara Alta del Congreso nacional. “Hace poco menos de 100 días que la sociedad votó mayoritariamente un cambio para la Argentina”, resaltó el ex Diputado nacional. “Los DNUs son una herramienta que han utilizado todos los presidentes de todos los signos políticos”, precisó y valoró los “cambios positivos en la ley de alquileres o en la posibilidad de tener mejores precios y ofertas en los vuelos locales”. Lamentó que en el marco del “diálogo iniciado” para el Pacto de Mayo, “la respuesta sea oponerse a un Decreto de Necesidad y Urgencia con argumentos que en otras ocasiones han sido utilizados para defenderlo”. Y añadió que la alternativa “más razonable” hubiera sido “postergar su discusión hasta la sanción de la Ley Bases reformulada”.

Variables

Un imprevisto en la construcción simbólica invadió la agenda gubernamental. La noción de enfrentamiento frente al statu quo, la casta, la política e incluso el Estado, como también el mandamiento económico de disciplina fiscal, se vieron alterados por la noticia sobre el aumento del 48% para funcionarios del Poder Ejecutivo. La inconsistencia discursiva de la defensa presidencial sobre una decisión firmada por el propio Milei necesitó de un chivo expiatorio, que desencadenó en el despido del secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín. Su reemplazante, designado este viernes mediante el Decreto 252/2024, es Julio Cordero, en un cambio de piezas que sustituyó a un hombre cercano al macrismo y al ex ministro de trabajo, Jorge Triaca, por un nombre con terminales en el grupo Techint y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un aumento del 13,2% en el mes de febrero, siendo la cifra más alta de los últimos doce meses, superada solamente por diciembre de 2023 (25,5%) y por enero de 2024 (20,6%). Pese a las celebraciones del oficialismo por los números logrados, la inflación del segundo mes del año fue más alta que cualquier período del año pasado, previo a la asunción de Milei al sillón de Rivadavia. Los rubros con mayores incrementos en febrero fueron los servicios de comunicación (24,7%), el transporte (21,6%), el núcleo que aglutina vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (20,2%), los bienes y servicios varios (16,6%), la salud (13,6%), el rubro de alimentos y bebidas (11,9%), los electrodomésticos (10,3%), y la educación (9,9%).

La semana pasada además estuvo caracterizada por nuevas medidas de fuerza, encabezadas por las huelgas de 48 horas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para el transporte urbano y suburbano de pasajeros del interior, y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como también el paro nacional de las federaciones de trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, que denuncian una dramática situación presupuestaria. En simultáneo, se efectuaron protestas masivas contra el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), los despidos de sus trabajadores, y la defensa de los festivales federales, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), de las plataformas, de los canales y del histórico Gaumont, que terminó con un cordón policial que arrojó gases y avanzó de manera represiva contra los manifestantes.

Movimientos del tablero entrerriano 

Como analizó Punto y Seguido en LA CALLE, la relación entre el Gobernador de Entre Ríos, y su antecesor, el actual diputado nacional Gustavo Bordet, se fue resquebrajando en los últimos meses, ya que Frigerio eligió una confrontación directa con las gestiones peronistas. Esa definición empujó al justicialismo, sumergido en un proceso de reorganización, autocrítica y renovación de sus autoridades partidarias, a un papel más opositor, especialmente cuando se refiere a sus representantes legislativos en ambas cámaras de la provincia, que habían asumido un rol de acompañamiento unánime a diversos proyectos de Casa Gris, como la emergencia educativa o el Régimen de Transición de Gobierno. 

Con el objetivo puesto en la iniciativa que declara el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras y servicios públicos, la agenda legislativa semanal tenía como prioridad el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley que faculta al Gobierno a la rescisión o renegociación de obligaciones, contratos y deudas administrativas y judiciales. Pese a que el peronismo había anticipado su apoyo a la propuesta gubernamental, la reunión de labor parlamentaria, efectuada el pasado miércoles, terminó en un escándalo, con denuncias de la jefa del bloque opositor, Laura Stratta, por violencia política contra el presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein.

“La violencia es un límite que elegimos no tolerar”, expresó la bancada Más para Entre Ríos en un comunicado enviado a LA CALLE. “La violencia de género en el ámbito político es una problemática reconocida en el marco normativo vigente. Queremos expresar un repudio contundente, visibilizando los agravios institucionales recibidos”, profundizó el documento público. “Ya no se trata solo de la falta de seriedad de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo o del desconocimiento de los reglamentos y las irregularidades que existen no sólo en relación al contenido sino también de las formas. Por lo expuesto, hemos decidido no asistir a la sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas de Entre Ríos convocada y presentar la denuncia correspondiente ante la justicia provincial”, finalizó el escrito.

“Lamentamos profundamente que se intente tergiversar lo que fue lisa y llanamente una reunión de trabajo”, fue la respuesta del bloque oficialista, en una declaración conjunta con los legisladores libertarios. “En ningún momento hubo algún tipo de agravio ni descalificación. Tampoco debe caerse en la descalificación hacia el Presidente de la Cámara, que permanentemente oficia de componedor e integrador de todas las expresiones legislativas”, argumentaron. “La única consecuencia de esta triste exhibición es no llevar adelante la tarea para la cual nos pagan los contribuyentes: legislar e impulsar los cambios por los que votaron la mayoría de los entrerrianos. Entre ellas, la ley de emergencia de obra pública que busca resguardar y cuidar las arcas del Gobierno Provincial frente a los embargos que llegan todos los días producto de la deuda en materia de obra pública generada por el anterior Gobierno provincial”, explicaron. “Por último, lamentamos que una causa tan sensible sea banalizada de esta manera”, cuestionaron.

Un día antes, las comisiones de Cultura y Turismo, de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzaron el debate de los proyectos que establecen la emergencia de los edificios designados como patrimonios nacionales, históricos y culturales de la provincia, y que promueve la Ley de Mecenazgo cultural, para el aporte, el financiamiento y la donación de privados a cambio de beneficios tributarios e impositivos. En esa misma jornada, encabezada por la comisión de Energía, arrancó el abordaje de un marco regulatorio de la energía eléctrica y se reafirmó el reclamo por los excedentes de Salto Grande. El mismo día de la polémica en Diputados, una reunión plenaria de comisiones del Senado dictaminó el texto que declara la emergencia en obras públicas, aunque la suspensión de la sesión en la Cámara Baja estiró los tiempos para su tratamiento en el recinto.

Los errores no forzados respecto al caos desatado con el ex Intendente de Basavilbaso, que en su paso por la Municipalidad de la capital de los trenes también tuvo desencuentros por su carácter y estilo de discusión, continuaron con el incumplimiento transitorio del pago por complementarias del aumento salarial acordado con los gremios docentes. “Jugar deliberadamente con el salario de las y los trabajadores en tiempos de crisis es una actitud criminal que no permitiremos”, advirtió la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que esperaba el depósito consensuado. “El Gobierno se comprometió con los docentes de la provincia a pagar no más allá del 15 de marzo si aceptábamos la propuesta de recomposición salarial. Esto habla de las necesidades desesperantes de trabajadores y trabajadoras cuya quita salarial, respecto del mes anterior, fue de 40.000 a 150.000 pesos”, alertó el gremio. “Seguimos padeciendo los problemas asociados a liquidaciones. Es nuestro objetivo solucionarlo de forma urgente”, contestó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, luego que se concretara el pago durante el día de ayer.

El Gobernador de Entre Ríos se muestra cada vez más alineado con el norte trazado por Milei. Lo reflejan sus declaraciones en medios porteños, como hizo este viernes en A24 y LN+; sus críticas por redes sociales al rechazo del Senado al DNU; su rol de intermediario entre Nación y los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio; su elección del kirchnerismo como principal enemigo simbólico y tangible; el posicionamiento de Morchio, a veces opuesto a su propio bloque, para seguir la estrategia de Casa Gris; y su discurso conciliador pese a la asfixia financiera que pone en jaque los ejes básicos de su gobernación. No obstante, su principal desafío es la gestión cotidiana y las obras estructurales que fueron parte de la plataforma política que lo ubicó como vencedor de los comicios generales de octubre del año pasado.

El abanico de decisiones sobre la austeridad fiscal, la reubicación de autos oficiales, la eliminación de todas las subsecretarías, la reducción de cargos políticos y las leyes sobre transición de Gobierno, pensiones vitalicias, ética pública, ficha limpia e información pública, necesitan anclajes territoriales y respuestas cercanas sobre temas centrales que el Estado nacional no financiará más. Allí se encuentra el control sobre los precios de los alimentos, la electricidad, el transporte, los alquileres, las viviendas, los medicamentos, las obras sociales, el gas, el agua potable, la telefonía y los servicios de comunicación. También en términos generales, pasando desde la ejecución de una red cloacal a la inversión en ciencia y tecnología, emerge la incertidumbre sobre la obra pública, la salud, la educación, la producción, el trabajo, la cultura, el turismo y la seguridad. Las reuniones conjuntas de esta semana entre el gabinete provincial, encabezado por el propio Gobernador, y los equipos de gestión de los municipios de Crespo y Feliciano, como previamente se hicieron en otros distritos, van en ese camino, de generar respuestas a un horizonte, más cercano y más lejano, de inquietud y desasosiego, con un Estado nacional en retirada de sus responsabilidades sociales mínimas.

En los últimos días, Frigerio además elevó el pliego para cubrir la vacante abierta por el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, que se jubiló formalmente hace poco más de un mes. El nombre elegido para asumir como vocal de la Sala Civil y Comercial, es Carlos Tepsich, que se desempeñaba en la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. Además, el Mandatario encabezó una comitiva hacia la ciudad de Gualeguay, que atraviesa la peor inundación desde 2007, con una comunidad que vivencia días de profunda angustia e impotencia. Allí tuvo que enfrentar algún enojo de vecinos por la delicada situación y la falta de respuestas de un Estado integral, en todos sus niveles, que acompañe e intervenga en ese complejo escenario.

Entre algunos errores no forzados, los desaires de Nación, la merma de la recaudación y las vicisitudes del cambio de gobierno, Frigerio atraviesa el período de gracia que tiene cada nueva administración. Sin embargo, lo transita con un reloj en marcha donde se ponen en juego las expectativas construidas con una plataforma electoral que, luego de la campaña, dejó de ser una promesa para transformarse en un programa de Gobierno que necesita resultados.

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