La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en una sesión especial el proyecto de “Ficha Limpia” que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción, ser candidatos a cargos electivos nacionales.
La sesión fue impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR que la pidieron el martes pasado, un día antes que se conociera la sentencia de la Cámara Federal de Casación que ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado, con lo cual si eso sucede la ex mandataria no podría ser candidata en 2025.
En la actualidad, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.
De todos modos, para poder alcanzar los 129 votos positivos deberán encarar negociaciones Encuentro Federal, Innovación Federal y Democracia para Siempre.
Hasta ahora, no tienen esa mayoría por lo cual es posible que deban hacer cambios para asegurar los votos para aprobar el proyecto.
Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano, respalda el despacho de minoría de Fernando Carbajal que amplía la cantidad de delitos por los cuales un ciudadano no puede ser candidato y no lo limita solo a la sentencia por corrupción.
En ese sentido, establece que tampoco podrán ser postulantes a un cargo electivo los ciudadanos por delitos con penas superiores de tres años, aunque no tuvieran la segunda instancia.
La sesión especial fue impulsada por el presidente del PRO, Cristian Ritondo, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y de la UCR, Rodrigo De Loredo.
Esa iniciativa establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
