En las islas de Victoria, dentro de un área protegida del Delta del Paraná, una intervención sobre el arroyo Colorado y su entorno derivó en una causa judicial que ahora avanzará hacia el juicio oral. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de cuatro personas vinculadas con una firma ganadera, acusadas de alterar el curso de agua y afectar el ambiente.
La resolución, dictada el 16 de septiembre, ratificó el procesamiento dispuesto por el juez federal de Victoria, Federico Ángel Martín, sobre Fabián Carlos José Pulido, Aldo Ezequiel Paganucci, Lucas Diego Martínez Videla y Alberto Luis Martínez. Los cuatro están vinculados, con distintas responsabilidades, a Establecimiento Los Laureles SA, dedicado a la cría y el engorde de animales.
La explotación se desarrolla en el Lote Fiscal 35, un predio de unas 995 hectáreas perteneciente al Estado entrerriano y cedido mediante un permiso transitorio para actividades pecuarias. El terreno se encuentra a unos 52 kilómetros al suroeste de Victoria, dentro de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, un territorio donde el agua, la vegetación y los ciclos naturales forman parte de un ecosistema de gran importancia ambiental.
Según los informes incorporados a la causa, en la zona de confluencia de los arroyos Colorado y Los Laureles se realizaron movimientos de suelo y obras de contención con estructuras de hormigón conocidas como tetrápodos, además de un murallón de piedras y un tablestacado. Las intervenciones modificaron la ribera a lo largo de unos 110 metros. También se constató la eliminación mecánica de vegetación en aproximadamente 121 hectáreas de humedal.
La investigación considera que esas acciones afectaron el curso de agua y se realizaron dentro de un área protegida, en un sector alcanzado por una medida cautelar federal para resguardar el Delta del Paraná, vigente desde julio de 2020. La imputación se encuadra en el artículo 182, inciso 2, del Código Penal, referido al estorbo del ejercicio de derechos ajenos sobre las aguas.
Con la confirmación del procesamiento, la causa se encamina ahora hacia el juicio oral, donde deberán analizarse las responsabilidades penales de los acusados. Además de las eventuales sanciones, el expediente abre otra cuestión central en materia ambiental: si se acredita el daño, podría plantearse la obligación de recomponer el área afectada, conforme a los principios de la Ley General del Ambiente. Por ahora, la confirmación del procesamiento no equivale a una condena: esa definición quedará en manos de la instancia judicial correspondiente.
