Ya reglamentado el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), las empresas de la minería reclaman otra normativa, que consideran clave para acelerar inversiones: cambios a la Ley de Glaciares. El Gobierno Nacional, que impulsó -sin éxito- cambios en la Ley Bases, tiene en agenda este tema y no descarta avanzar con un decreto.
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), planteó la preocupación de las compañías en el marco del evento organizado por Panorama Minero. Señaló la incertidumbre que genera en las empresas y el impacto negativo que genera en las inversiones.
En el Gobierno tienen el tema en carpeta y analizan distintas alternativas y no descartan que los cambios puedan ser a través de un DNU. No obstante, esta alternativa no ofrece la seguridad jurídica que pretenden las empresas para desembolsos superiores a los US$1.000 millones. La Ley vigente afecta principalmente a los proyectos de cobre ubicados sobre la Cordillera de los Andes.
La alternativa que proponen las compañías es una nueva ley que modifique a la sancionada en 2010, pero hay dudas respecto al consenso que puede generar un proyecto que cuenta con el apoyo de organizaciones ambientales.
Hay interpretaciones respecto a que esta ley pueda afectar al proyecto Josemaría, propiedad de Lundin Mining que será compartido con BHP, la principal minera del mundo. Se trata del proyecto de cobre que más cerca está a entrar en la fase de producción en Argentina.
¿Qué dice la Ley de Glaciares?
La Ley 26.639 plantea restricciones para la exploración y extracción en las áreas protegidas. Al prohibir actividades extractivas en glaciares y en el ambiente periglaciar, la normativa limita el acceso a zonas estratégicas para la explotación minera, dado que muchos proyectos de cobre y otros minerales se encuentran en regiones de alta montaña donde estas formaciones son comunes.
Esta restricción incluye la construcción de infraestructura y la disposición de escombros, lo que es resistido por proyectos, como Josemaría, Pascua Lama y Veladero en la provincia de San Juan. La Ley exige a las mineras demostrar que no afectarán los ecosistemas protegidos. Pero las empresas aducen que eso “retrasa los tiempos de ejecución y aumentan los costos operativos”.
