AMBIENTE. Derriban dique ilegal en la zona del puente Victoria-Rosario

El juez federal de Victoria, Federico Martin, hizo lugar a un planteo efectuado por el intendente de esa ciudad, Domingo Maiocco, e intimó a un particular a iniciar las obras que impidan que el enlace vial Rosario Victoria sea afectado por la creciente del río Paraná y que podría tener un impacto negativo a raíz de un terraplén construido ilegalmente.
El magistrado exhortó al responsable de ese terraplén, Martin Stenner, a que en un plazo de 24 horas “dé inicio a las obras” ordenadas en la resolución Nº 3.067 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. A través de esa disposición, Ambiente negó la declaración de impacto ambiental solicitada por Stenner en relación obras de endicamiento ejecutadas en una zona conocida Isla del Pillo.
El tema se remonta al 2013, cuando el mencionado productor construyó terraplenes y modificó cursos de agua, en el marco de un emprendimiento productivo destinado a engorde de hacienda.
La Secretaría de Ambiente no sólo le denegó el estudio de impacto ambiental, sino que también le impuso el cese de toda actividad de movimientos de tierra o terraplenes en dicho predio, disponiendo que en el plazo urgente de 30 días, “se proceda a la apertura total de los terraplenes. También le exigió la presentación de un plan de restauración ecológico integral del humedal afectado por las obras”. La resolución es de noviembre de 2022.
Un año después, el intendente de Victoria elevó una notificación al Juzgado Federal con la proyección de crecida del río Paraná y la existencia de un terraplén ilegal que no ha sido derribado, se prevén “posibles riesgos en la conexión Vial Victoria-Rosario”.
Esta situación fue advertida al juez porque en su despacho se llevaba la causa en la que está involucrado el ganadero acusado por acciones de modificación del ambiente de las islas cuando estas prácticas están prohibidas. En sede administrativa, también obra como antecedentes que hace 10 años que se le está pidiendo que tire abajo una serie de 24 endicamientos que levantó de forma irregular.
Ayer, el juez Martin, ordenó al empresario rural “informar el inicio de las obras, y sus avances, a este Juzgado y a la Secretaría de Ambiente cada tres días corridos. Ello bajo apercibimiento de ordenar, a su costo, las medidas pertinentes para asegurar su inmediata ejecución”.