La Justicia federal allanó las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos en el penal de Ezeiza y una presunta «cartelización» del servicio.
El allanamiento, ordenado por el juez Federico Villena de Lomas de Zamora, se produjo tras sospecharse que el SPF permitió una cartelización en el servicio de alimentación de la cárcel de Ezeiza, utilizando empresas pantalla para evadir sanciones judiciales previas.
Durante el procedimiento, Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono celular. Según fuentes del caso, entregó inicialmente un aparato viejo en desuso y, al ser intimado por el que usa habitualmente, adujo haberlo «extraviado» esa misma mañana. Un informe técnico reveló que la última señal de ese dispositivo se registró en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que generó la sospecha de que el funcionario recibió una filtración y destruyó el teléfono para ocultar pruebas.
La investigación se originó en denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza, donde peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano. Tras prohibirle operar a la empresa Foodrush, el juez detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, empleados y facturaba sumas millonarias a la firma sancionada, funcionando presuntamente como una fachada. Villena probó personalmente la comida en la cárcel y sufrió luego una descompensación que describió como un cuadro «vomitivo».
Fernando Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según la información, se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique «Quique» Antequera, un referente de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.
