En diálogo con APFDigital, una integrante de la Mesa por la Salud Mental alertó sobre el aumento en el consumo de sustancias de bajo costo y alto impacto físico y psíquico, con características similares al paco, principalmente entre jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
La referente advirtió además sobre la falta de recursos destinados a políticas públicas de salud mental y consumos problemáticos, y remarcó la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado para abordar la problemática.
El avance del consumo de sustancias de baja calidad y alta toxicidad en barrios vulnerables de Entre Ríos genera creciente preocupación entre organizaciones comunitarias y equipos de acompañamiento territorial. La falta de estadísticas oficiales contrasta con los registros relevados en los Centros de Acompañamiento Comunitario (CAC), donde advierten un marcado deterioro de la salud física y mental de jóvenes atravesados por consumos problemáticos en un contexto de crisis económica y social.
En diálogo con APFDigital, Sandra Cislaghi, creadora de la Fundación Crescer e integrante de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, analizó el impacto de estas sustancias, el debate en torno a la Ley Nacional de Salud Mental y las dificultades estructurales para garantizar políticas públicas eficaces.
La especialista explicó que entre los sectores más vulnerables circulan sustancias similares al paco o crack, elaboradas con cocaína de baja calidad mezclada con componentes altamente nocivos. Según indicó, los propios jóvenes relatan que estas drogas suelen estar adulteradas con bicarbonato, virulana y otros elementos que producen graves daños orgánicos y generan consumos compulsivos debido a su efecto breve e intenso.
Cislaghi advirtió además que el bajo costo de las dosis favorece el acceso y acelera los procesos de dependencia. En ese marco, señaló que muchas familias terminan desbordadas por la situación y, ante la falta de herramientas institucionales, los jóvenes quedan expuestos a situaciones de calle y exclusión social.
En relación con la legislación vigente, defendió el enfoque comunitario impulsado por la Ley Nacional de Salud Mental y cuestionó las propuestas que buscan recentralizar las internaciones únicamente bajo criterios psiquiátricos. “La salud mental tiene que abordarse desde una mirada integral y comunitaria”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que uno de los principales problemas para la aplicación efectiva de la norma es la falta de presupuesto destinado al área. Según expresó, durante los últimos años nunca se alcanzó el porcentaje de financiamiento previsto para políticas públicas de salud mental.
Finalmente, vinculó el agravamiento de los consumos problemáticos con el deterioro económico y social, y advirtió sobre el crecimiento del narcomenudeo en sectores vulnerables como alternativa de subsistencia frente a la falta de oportunidades laborales.
