En la sesión especial que tuvo lugar este jueves a las 11 en la Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó sobre tablas el proyecto denominado “Buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos” y, de este modo, la provincia ya tiene una nueva norma que regula el uso de agroquímicos en las zonas rurales.
La iniciativa ya había sido aprobada en Diputados en el mes de octubre, pero como luego el Senado le introdujo modificaciones, tuvo que volver a ser abordada en el recinto de Diputados.
Finalmente el proyecto, que tuvo férreos defensores y un gran rechazo por parte de ambientalistas, fue aprobado sobre tablas en la sesión de este jueves: se requerían alcanzar los dos tercios de los votos y los números alcanzaron: 25 votos a favor y 8 en contra, por lo que la iniciativa se convirtió en ley.
La diputada nacional Blanca Osuna (PJ) cuestionó la flamante norma a la que definió como un paso más hacia “el descontrol en el uso de agrotóxicos impulsado por Frigerio”
“Ganaron los laboratorios de agroquímicos y el negocio de unos pocos por sobre la vida de estudiantes, docentes, familias y el medio ambiente”, sostuvo.
El bloque del PJ votó dividido. Quienes acompañaron el proyecto fueron los diputados de Gualeguaychú, Juan José Bahillo; de Paraná, José Kramer; de Uruguay, Yary Seyler; y de La Paz, Sergio Castrillón.
Pedido de informe al Ipper
Por otra parte, Osuna presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (Ipper), con el fin de obtener detalles sobre el convenio firmado entre ese organismo, el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant.
La solicitud está dirigida al presidente del Ipper, Martín Anguiano, y busca conocer el contenido del convenio que otorga a PTP Warrant un permiso de uso oneroso para la ejecución de obras en el puerto de Ibicuy.
La diputada nacional destacó que, según difundió el gobierno, el convenio firmado compromete una inversión de 12 millones de dólares en infraestructura para el puerto, “lo que en principio parecería representar una oportunidad para el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, señalo que la falta de información pública sobre las condiciones del convenio y el detalle del plan de obra “genera preocupación, ya que se desconoce la magnitud y los detalles de las mismas”, así como los impactos específicos en el ambiente.
“Las concesiones a título oneroso que realice el Gobierno nunca pueden ser opacas ni dejar lugar a dudas sobre su conveniencia y transparencia”, sostuvo Osuna.
“En el año 2008 gestioné la transferencia de 100 hectáreas a favor de la provincia y con el fin de potenciar el desarrollo de la zona de puerto Ibicuy, lo que se aceptó por medio de la Ley provincial 10.722”, recordó.
