La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) limitó la CUIT de 8.884 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), al detectar irregularidades vinculadas a su comportamiento tributario. Se trata del 16.5% del universo total de este tipo de sociedades que actualmente es de 53.745 empresas. Fue en el marco de los procesos periódicos dispuestos por la Resolución General 3.832 del año 2016,
Entre las inconsistencias detectadas, se observó que 5.093 sociedades no presentan declaraciones juradas determinativas desde enero de 2022, mientras que otras 994 que sí realizaron sus presentaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias no registran en ellas operaciones vinculadas a compras, ventas, ingresos o gastos, al tiempo que tampoco informaron trabajadoras y trabajadores en sus nóminas. También se contabilizaron otras 2.797 sociedades que no registran inscripción en impuestos.
En marzo de 2020, senadoras y senadores del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para suspender por 180 días la inscripción de las SAS. Entre sus fundamentos, los legisladores argumentan que, bajo esta figura, se hace ingresar al derecho societario, un vehículo jurídico irregular con nulo control estatal. También los senadores mencionan «hay verdaderos emprendedores a quien este tipo societario les puede facilitar su actividad empresarial pero con los controles estatales necesarios».
Cambio drástico para las SAS
El régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), creado durante el gobierno de Mauricio Macri y que permite abrir una firma en 24 horas, recibió cuestionamientos desde el oficialismo a partir de su misma creación.
Sin embargo, y desde que se puso en marcha en abril de 2017, emprendedores destacan que desde que se estableció este régimen se crearon más de 40.000 SAS y ponen de relieve que si bien en algunos casos no se cumplen las 24 horas prometidas para la creación, el proceso lleva pocos días.
Pero tanto desde el Gobierno nacional como desde el Congreso cuestionan este régimen. Debido a que perdió estado parlamentario una propuesta presentada en el Senado por el oficialista Oscar Parrilli para suspenderlas por 180 días, el Frente de Todos presentó ahora en la Cámara de Diputados un proyecto para transparentar la «opacidad» del marco jurídico que existe para el sector.
A través del proyecto se busca mejorar el control societario y evitar que puedan ser utilizadas para actividades de lavado de activos proveniente del narcotráfico y lo relacionan con la gravedad de la situación que atraviesa Rosario.
Se trata de una iniciativa del presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria del bloque, Paula Pennaca.
“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes y también combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, sostiene la iniciativa de los diputados en los fundamentos.
Pie de foto: El 17% de las sociedades tiene irregularidades tributarias y trabajadores informales.
