Investigan presuntas inconsistencias patrimoniales de Adorni y avanzan medidas judiciales
La Justicia federal profundiza una investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y los bienes que figuran a su nombre.
La pesquisa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien trabaja en la elaboración de un requerimiento formal para que el funcionario brinde explicaciones sobre diversos aspectos de su situación patrimonial. Según trascendió en ámbitos judiciales, los elementos reunidos hasta el momento habrían detectado posibles diferencias entre los ingresos registrados y el volumen de bienes incorporados a su patrimonio.
Antes de adoptar una definición procesal, la fiscalía aguarda los resultados de una pericia contable encargada a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente de la Procuración General de la Nación. El objetivo del estudio es establecer con precisión si existen inconsistencias y cuál sería su magnitud.
Paralelamente, los investigadores analizan movimientos financieros vinculados a operaciones con criptomonedas. En este punto, los especialistas buscan reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados en distintas transacciones para determinar su origen y destino. El informe técnico, considerado clave para el avance de la causa, demandaría varios meses de trabajo antes de ser incorporado al expediente.
Uno de los aspectos observados por la investigación es la falta de presentación de la última declaración jurada patrimonial del funcionario, documentación que continúa pendiente pese a que desde el Gobierno se había señalado semanas atrás que sería difundida en el corto plazo.
Fuentes judiciales indicaron que, una vez que Adorni sea formalmente notificado, deberá aportar documentación y explicaciones que respalden el origen de los recursos utilizados para adquirir los bienes bajo análisis. En función de esas respuestas y de los resultados periciales, el fiscal evaluará los pasos procesales a seguir.
En paralelo, el jefe de Gabinete también aparece mencionado en otra investigación judicial que tramita en los tribunales federales. La causa analiza contratos de coproducción celebrados entre la TV Pública y una empresa privada vinculada al empresario Marcelo Grandio, persona con quien Adorni mantiene una relación de amistad.
En ese expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo, se intenta establecer si existieron posibles irregularidades en la contratación o eventuales beneficios incompatibles con el ejercicio de la función pública. Como parte de las medidas de prueba, se ordenó el análisis de comunicaciones telefónicas y registros de geolocalización para reconstruir contactos y movimientos de los involucrados.
Además, la investigación examina presuntas transferencias de dinero realizadas antes de que Adorni asumiera funciones en el Gobierno nacional. Los magistrados buscan determinar si esas operaciones tuvieron alguna relación con actividades posteriores desarrolladas desde la administración pública.
De acuerdo con fuentes cercanas al expediente, el juez aguarda la incorporación de las últimas pruebas solicitadas antes de resolver nuevas medidas procesales. En ese contexto, no se descarta que durante las próximas semanas puedan producirse definiciones relevantes en ambas investigaciones que involucran al actual jefe de Gabinete.
