Acusación del caso Gusmán quedó a cargo de la querella

La causa está estancada judicialmente hace tiempo.

Se trata de una medida judicial que puede destrabar la investigación por el asesinato ocurrido en septiembre de 2018

En una resolución de este viernes del vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, José María Chémez, se rechazó el recurso presentado por la Fiscalía y se confirmó que en la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, la acusación esté en manos de la querella en forma autónoma. Se trata de una medida judicial que puede destrabar la investigación por el asesinato ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio Capibá, por el cual están acusados dos miembros de la Policía de Entre Ríos.
En la parte resolutiva de su decisión, el camarista del Tribunal de Juicio y Apelaciones rechazó el recurso de apelación que había interpuesto el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, en contra de la resolución dictada el 21 de abril último por la titular del Juzgado de Garantías N° 8, Elisa Zilli. Allí, la jueza había declarado la conversión de la acción pública en privada en este proceso.
Con esta definición, la parte querellante quedó habilitada para continuar con la acusación en forma autónoma, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal. La querella de la familia de Gabriel Gusmán es representada por los abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera.
Al confirmarse lo dispuesto en primera instancia por la jueza Zilli, la acusación podrá avanzar sin la intervención de la fiscalía, la cual había en su momento -el 4 de noviembre de 2020- archivado la causa sin tomar declaración indagatoria a los policías que intervinieron en el operativo donde resultó muerto el joven paranaense. El argumento de los fiscales era que no habían encontrado elementos para probar un accionar por fuera de la ley por parte de los agentes Diego Íbalo y Rodrigo Molina.
La conversión de la acción pública en privada en un caso de homicidio es novedosa en el Poder Judicial de Entre Ríos. Fue un pedido de los abogados de la familia Gusmán, Iparraguirre y Tejera, quienes evaluaron la opción como una posibilidad de sacar a la causa del estancamiento en que se encuentra a casi tres años del hecho