La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestó su rechazo al proyecto de ley que regula la comercialización de créditos de carbono, aprobado en el Senado y que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Desde la organización advirtieron que la iniciativa podría generar consecuencias negativas para los territorios, los ecosistemas y las comunidades, especialmente en un contexto en el que la Argentina aún no actualizó sus metas climáticas ni cuenta con una estrategia definida para reducir sus emisiones.
La propuesta establece un marco para comercializar créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero que fueron evitadas o capturadas. Sin embargo, desde la entidad señalaron que estos mecanismos pueden permitir que las empresas continúen contaminando, en lugar de reducir sus emisiones directamente.
En diálogo con APFDigital, la AAdeAA sostuvo que comprar créditos de carbono no equivale a disminuir la contaminación en su origen. Según explicaron, las grandes compañías pueden mantener sus niveles de emisión mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios. También alertaron sobre posibles maniobras de especulación financiera, concentración de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas.
El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la actividad, entre ellos diez años de estabilidad tributaria y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Además, durante el tratamiento legislativo se eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional que figuraban en la propuesta original, herramientas que buscaban reservar reducciones de emisiones para el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.
Frente a este escenario, la organización consideró que la protección de bosques, humedales y otros ecosistemas no debe quedar supeditada a su capacidad de producir créditos comercializables.
A través de una carta dirigida al Senado, la entidad solicitó ampliar la discusión legislativa e incorporar la participación de organizaciones sociales, comunidades e instituciones científicas, además de establecer garantías para los territorios. En ese sentido, reclamó que Diputados habilite un debate público, amplio e informado.
Desde la asociación insistieron en que el país necesita una política climática que priorice la reducción efectiva de emisiones, la conservación ambiental y el respeto por los derechos de las comunidades. “Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática”, remarcaron.
Entre el mercado voluntario y los compromisos climáticos
En la actualidad funciona en el país un mercado voluntario de créditos de carbono que no necesita una ley nacional para operar. La iniciativa aprobada busca articular ese sistema con los mercados regulados contemplados en el artículo 6 del Acuerdo de París, que establece mecanismos de cooperación entre países para reducir emisiones y avanzar en el cumplimiento de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
Desde la AAdeAA advirtieron que la comercialización internacional de estos créditos puede afectar las cuentas ambientales argentinas, ya que las reducciones transferidas podrían dejar de contabilizarse para alcanzar los objetivos nacionales. También expresaron preocupación por las dificultades de control y los posibles efectos sobre los bosques.
Entre los riesgos mencionados figuran las complicaciones para verificar las emisiones que se buscan compensar y el posible uso de estos mecanismos por parte de grandes corporaciones para encubrir madera proveniente de desmontes ilegales, apropiarse de tierras o impulsar plantaciones forestales de monocultivo.
Qué son los mercados de carbono
Los mercados de carbono son mecanismos que asignan un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero y permiten comercializar créditos que representan reducciones o capturas de esos gases. En la Argentina, las principales fuentes de emisiones se concentran en los sectores energético y agropecuario, de acuerdo con datos oficiales.
A nivel internacional, la definición de estos sistemas demandó casi una década de negociaciones. No obstante, su aplicación presenta dificultades para demostrar que las emisiones fueron efectivamente evitadas o que el carbono fue capturado. A esto se suma el riesgo de que las empresas utilicen los certificados para justificar la continuidad de sus actividades contaminantes.
La organización advirtió que, en países con controles institucionales débiles, estos mecanismos pueden favorecer situaciones de corrupción, deforestación y ocupación de tierras.
Cuestionamientos por la falta de controles y política climática
El proyecto busca establecer reglas para la generación, certificación y comercialización de créditos de carbono en la Argentina, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a un sector que hasta ahora no cuenta con una regulación integral y facilitar el ingreso de inversiones internacionales.
Sin embargo, especialistas sostienen que el debate no debe limitarse a los aspectos técnicos y comerciales, sino que debe formar parte de una política ambiental que garantice la integridad de los proyectos y los derechos de las poblaciones involucradas.
Juan Carlos Villalonga, asesor en energía y cambio climático del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó en declaraciones a APFDigital el diseño de la iniciativa. Consideró que refleja una “incomprensión de los mercados de carbono” y señaló que tanto el tratamiento en comisión como el debate en el recinto fueron prácticamente inexistentes. También objetó que el texto incorpore mercados voluntarios que, por definición, no están regulados por los Estados.
El especialista agregó que la Argentina atraviesa una situación de debilidad institucional en materia climática. En ese sentido, cuestionó el desempeño del país en las últimas cumbres internacionales sobre cambio climático y recordó que todavía no actualizó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que estos mercados pueden habilitar a las empresas a compensar sus emisiones sin reducirlas directamente. También cuestionó que la conservación de los ecosistemas quede vinculada a la posibilidad de generar créditos comercializables. En particular, señaló que el carbono almacenado en los bosques puede regresar a la atmósfera como consecuencia de incendios, sequías o procesos de deforestación.
Villalonga explicó que, para considerar válido un crédito de carbono, debe comprobarse que la reducción de emisiones ocurrió realmente, que no se habría producido sin el proyecto, que el impacto no fue trasladado a otro lugar y que el beneficio ambiental se mantenga en el tiempo.
Según indicó, demostrar esas condiciones resulta especialmente complejo cuando los proyectos involucran bosques, suelos y selvas. Además, alertó sobre el interés de empresas y consultoras internacionales en desarrollar iniciativas que permitan obtener beneficios económicos a partir de los recursos naturales.
El asesor advirtió que, si los mecanismos de control fallan, los certificados podrían no representar reducciones reales de emisiones y convertirse en una herramienta para que las compañías continúen contaminando bajo la apariencia de haber compensado su impacto ambiental.
Por último, Villalonga cuestionó el nivel de ambición de los compromisos climáticos presentados por el Gobierno argentino ante las Naciones Unidas. Sostuvo que las metas propuestas permitirían reducir menos emisiones de las que el país estaría en condiciones de alcanzar y planteó que una menor exigencia podría generar excedentes de créditos destinados a la comercialización, en lugar de promover una reducción efectiva de la contaminación.
El proyecto deberá continuar ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se espera que sea debatido en las próximas semanas.
