Diputado nacional
A menos de una semana del dictado del DNU 70/2023, el gobierno de Javier Milei volvió con una arremetida legislativa al enviar un proyecto de ley con propuestas de reformas distribuidas en 664 artículos. Fundamentado en la necesidad de “adoptar un conjunto de medidas de emergencia” para “consolidar la estabilidad económica”, el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con esa emergencia económica. El primer punto del proyecto de ley llamado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” es el pedido del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato. El Gobierno pretende lograr este cambio de raíz sin discusión parlamentaria ni social.El DNU 70/23, con sus 366 artículos, modifica y deroga decenas de leyes.
Esta “ley ómnibus” duplica su volumen. Ambas medidas suponen una desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud. Si bien el proyecto de ley enviado al Congreso plantea que se atenderán los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes, establece que quedan condicionados a una valoración “de modo general de los demás derechos a fin de procurar el bien común”, lo que abre una justificación genérica para que queden sometidos a la lógica mercantil. Accederán a la salud, a la educación, a la vivienda, a los alimentos, quienes puedan pagar el “precio de equilibrio” que defina el mercado.
Una sociedad más violenta
El proyecto de ley propone una reforma penal para que los integrantes de las fuerzas de seguridad no rindan cuentas por sus acciones. Amplía los supuestos y las causales para justificar la legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad. Justifica, tolera y alienta respuestas más violentas frente a delitos o conflictos. Ofrece “seguridad jurídica” a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incurran en abusos o usos desproporcionados de la fuerza. El texto propone, además, que las víctimas de violencia institucional y sus familiares pierdan sus derechos a demandar justicia, reparación o sanción, si se presume que la persona asesinada estaba cometiendo un delito.
Sin protestas
Como ocurre en los regímenes totalitarios, la protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática, y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio. El proyecto no tiene referencias a la protección de derechos de quienes se manifiestan. Por el contrario, lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar manifestantes, referentes y organizaciones. Y crea la figura del “organizador”, a la que se le puede atribuir responsabilidades y sanciones, sentando bases legales para la persecución política. Ante el escándalo que generó, el artículo que define como manifestación pública a la reunión de más de tres personas en el espacio público será eliminado del proyecto, según lo prometió la ministra Patricia Bullrich, el martes último en Diputados.Pero la gestión de todas las tareas queda a cargo del Ministerio de Seguridad, porque las protestas son evaluadas como afectaciones al orden público.
Devastar los bienes comunes
A lo largo del proyecto de ley el destino de los bosques, los glaciares, los minerales quedan sujetos a la lógica de la maximización de la rentabilidad y la ganancia de empresas privadas. No está presente el criterio de bienes comunes a proteger, ni se tiene en consideración la crisis climática.Entre las propuestas se modifica la llamada Ley del Fuego, para habilitar la realización de incendios de territorios/inmuebles con fines productivos. Luego de 30 días sin respuesta de la autoridad, quien solicita se encuentra autorizado “tácitamente” a iniciar una quema.Los bosques nativos quedarían desprotegidos ya que el texto contempla la aprobación de proyectos de desmonte (superada la instancia de consulta ciudadana).
Desregulación económica
En cuanto a la política fiscal, el proyecto propone modificaciones adversas sobre todo para las personas jubiladas y mayor discrecionalidad para el Poder Ejecutivo Nacional. Elimina la fórmula de movilidad jubilatoria y deja las actualizaciones a criterio del Ejecutivo, por lo que los montos que cobren podrán ser la variable de ajuste de los desequilibrios de la macroeconomía.
También propone transferir el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses al Tesoro Nacional. De aprobarse esta medida, los aportes jubilatorios quedarán a total disposición del Ministerio de Economía y podrían ser ofrecidos, por ejemplo, como garantía para acreedores externos.El proyecto elimina la obligación de contar con la aprobación del Congreso para nuevos endeudamientos de cierta magnitud. Esta ley fue aprobada casi por unanimidad en febrero de 2021 para fortalecer el control parlamentario. Se buscó prevenir lo sucedido en 2018, cuando el entonces gobierno nacional tomó la mayor deuda jamás otorgada por el Fondo Monetario Internacional, en tiempo récord y de manera totalmente opaca.
Violencia de género
El proyecto modifica la Ley Micaela y reduce el tema de las capacitaciones a la violencia familiar y sólo estarán destinadas a autoridades estatales “competentes”, no todas las personas que componen la función pública de los tres poderes del Estado. Reemplaza la noción de “violencia de género” por “violencia familiar” e invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ+.
Dejar de hablar de violencia de género implica desconocer que se trata de un tipo de violencia arraigada en relaciones desiguales de poder en razón del género de las personas, que excede el ámbito intrafamiliar y privado.
La modificación propuesta desconoce las obligaciones que tiene el Estado de prevenirlas y sancionarlas.Esta propuesta busca desactivar uno de los procedimientos fundamentales de la democracia para avanzar sobre medidas regresivas en materia de derechos humanos y para la vida democrática. El Congreso tiene la responsabilidad política de no convalidarla.
