Desde el municipio entendieron que se estaba atacando la ley de protección de los bosques nativos y actuó a través de la justicia, en camino a La Toma.
Por: Matías Dalmazzo
No existe uruguayense al que le resulte antipático llegar a la zona norte de Paso Vera y ver que el camino está cortado por una cadena, la cual delimita la zona permitida para avanzar en auto por la calle o estacionar y continuar caminando en busca de las mejores playas de la ciudad.
Muchas personas se suelen preguntar: “¿Cómo hay que hacer para tener un rancho en Paso Vera?” Es un interrogante que muchas veces es tema habitual de conversación en cualquier domicilio de la ciudad, especialmente en temporada de verano, cuando los uruguayenses nos volcamos de lleno a las diferentes playas de la ciudad y caminando por el lugar vemos que cada vez hay más edificaciones.
Pese a esto, el notable aumento de presencia de ranchos o viviendas precarias en diferentes zonas ribereñas de la ciudad, pareciera empezar a tener un freno por determinación del municipio, iniciativa que goza de un notable aval social y judicial.
En este contexto, durante la noche del viernes y la mañana del sábado, empezó a circular en diferentes medios de comunicación que prefectura estaba llevando adelante un operativo en el ex balneario “La Toma”, donde los uniformados notificaron a “residentes ocasionales” que debían abandonar el lugar y desmantelar las construcciones.
Operativos de prefectura
Según informó a La Calle una fuente de Prefectura Nacional, durante la tarde de este viernes, a raíz de la recepción de una orden de desalojo proveniente del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Pablo Seró y la secretaria de José Barraza, en el marco de diversas actuaciones dispuestas, se procedió a notificar a los ocupantes de un predio situado a la vera del Río Uruguay (zona conocida como La Toma), para que procedan a desocupar dicha zona. Una vez efectuada la diligencia, se delimitó la zona con una cinta de seguridad.
De acuerdo a la misma fuerza de seguridad nacional, indicaron que fueron notificadas personas que se hallaban residiendo en el lugar y se constataron al menos treinta y cinco ranchadas sin moradores. Además se realizaron 9 clausuras de ranchadas ubicadas en la zona.
En el mismo parte de prensa, aseguraron que el operativo fue realizado por personal de la delegación de Inteligencia e Investigación Criminal, en conjunto con uniformados de la Prefectura que opera en la ciudad y personal de la Municipalidad. De esta manera, además de los agentes, estuvieron presentes en el lugar Juan Martin Garay, Secretario de Gobierno de la Municipalidad; Leticia Haudemand, en representación de la Dirección de Salud Ambiental; y Sebastián Fagúndez, director de Asuntos Jurídicos del municipio, quien materializa la denuncia por pedido natural del intendente.
El municipio como impulsor
Con la intención de conocer a fondo lo que está ocurriendo y así entender la actualidad legar de las zonas linderas al río Uruguay, que parecen estar usurpadas, la redacción de La Calle dialogó al respecto con Juan Martín Garay, Secretario de Gobierno. El funcionario municipal realizó un relato cronológico de lo ocurrido hasta llegar al operativo encabezado por prefectura hace 48 horas y además reveló la intención del intendente Martín Oliva, quien pretende fomentar políticas de preservación de la fauna autóctona, una iniciativa fundamental para preservar el medio ambiente de la zona.
¿Cómo se inició la causa que desencadenó en un operativo de prefectura durante este viernes?
El gobierno municipal denunció ante la Justicia el desmonte cometido por personas aún no identificadas a la vera del río Uruguay, en un sector del camino que une los balnearios Banco Pelay y La Toma de Agua Municipal. Entre otros aspectos, entendemos que se viola la ley de protección de bosques nativos. Por tal motivo, el intendente Martín Oliva realizó una denuncia ante las Justicias Federal y Provincial, por la violación de normas que resguardan el medio ambiente, estoy haciendo especial referencia la Ley 26.331, que protege la vegetación autóctona.
¿Existe una directiva especial por parte del intendente, para abordar esta problemática, de manera tal que se controle el desorden ambiental que se viene dando en esa zona?
El intendente, que tiene un alto compromiso con el cuidado y preservación del ambiente, asesorado por su equipo de salud ambiental, entiende que estos hechos representan un daño irreparable para nuestro ambiente.
Debido a esto, se consideró prudente realizar una denuncia por la marcada urgencia de constatar el estado de la zona afectada y sus responsables, a fin de someterlos al proceso penal correspondiente.
Con esta denuncia, que tuvo eco en la Justicia Federal, se solicitó que se ordene de manera inmediata la desocupación de toda persona que se encuentre en el lugar, como así también la remoción y retiro de todo tipo de objetos existentes en esos sectores.
¿Existe una intención del municipio de empezar a recuperar todas esas tierras costeras que hoy están siendo usurpadas por diversos ranchos o construcciones precarias?
Es un enfoque global el que se plantea como objetivo de gestión sobre un total de 250 hectáreas en ese sector, pero más que nada en lo referente a la costa ribereña. Se trata de una visión amplia, pero con acciones concretas dentro de una decisión política general, que tiene como fin garantizar la integridad de los ambientes costeros que conservan la biodiversidad local. Las tareas comenzaron con las inspecciones en el sector norte de Paso Vera, por parte del equipo de gestión de salud ambiental. Luego se realizó lo mismo en sector sur, comprendido entre la ex cantina 4 de Banco Pelay y La Toma de agua municipal, sobre el camino costero.
La intención del intendente, el equipo de salud ambiental y de quienes somos parte de la gestión en su totalidad, es garantizar la integridad de los ambientes. Se trata de una decisión política tomada por Oliva, la cual lleva adelante diferentes acciones. Por ejemplo; en Paso Vera se trabaja en la delimitación de sectores, con el objetivo de preservar las especies nativas que se encuentran ahí. A su vez, se está haciendo lo mismo que en Isla del Puerto y también con la zona costera en el camino a la Toma.
¿Cuáles son los espacios públicos cercanos al río, que el estado está tratando de recuperar o desalojar por la vía legal?
Es un espacio delimitado por las 250 hectáreas que comprenden la expropiación a favor del municipio, llevada adelante hace más de 45 años. El enfoque es general, pero sobre ese espectro se abordan diferentes cuestiones particulares e importantes como el recupero del espacio costero en Paso Vera Norte, donde hay ranchos instalados y que estamos en proceso de desarme y desalojo; habida cuenta que existe una denuncia sobre ellos desde la gestión anterior en la Justicia Provincial. La intención es recuperar ese espacio, para que los ochenta mil uruguayenses puedan disfrutar de aistir al lugar.
¿Crees que esto se va a terminar confirmando, para que todos los habitantes podamos disponer de esos lugares?
La idea es que esos espacios se conserven y se gestionen de tal forma que se garantice la recuperación natural y progresiva del lugar, así como se empezó a hacer en Paso Vera; donde se colocó cartelería indicativa en esos espacios. Se trata de un patrimonio natural de todos los uruguayenses, del que tenemos que garantizar un buen grado de conservación para que la fauna vuelva a su sitio gradualmente, así nos explican desde el equipo de salud ambiental.
Existe una especie de aval social para recuperar estas tierras, lo dice cualquier habitante de la ciudad que frecuente las costas del río. Por otro lado: ¿Sentís una sintonía judicial para recuperar estos espacios?
El municipio viene trabajando firme y mancomunadamente con la Fiscalía Federal a cargo de Josefina Minatta y con la Justicia Federal, en particular con el Juez Federal Pablo Seró.
Claramente la demostración que hizo la justicia Federal, con la orden de allanamiento que se emanó del Juzgado Federal N°1 a cargo de Seró así lo ratifica. Ante una denuncia del Intendente Oliva por la violación de normas que resguardan el medio ambiente, especialmente la Ley 26.331, que protege los bosques nativos, la justicia tomó intervención inmediata con la figura de Seró y por eso se dio inicio las actuaciones del viernes por la tarde. Somos respetuosos de los tiempos judiciales, pero estoy en condiciones de adelantar que se sigue trabajando pata que en los próximos días continúe habiendo novedades y operativos al respecto.