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domingo, noviembre 22, 2026

Entre los manuales, las normas y la realidad

José Antonio Artusi
Arquitecto – Docente

Una publicación reciente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), “Instrumentos para la gestión urbana: una hoja de ruta federal para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades”, constituye un acontecimiento relevante y auspicioso para quienes nos interesamos por el sentido de las políticas territoriales en la Argentina. En un país donde el 92,4% de la población habita en áreas urbanas, la discusión sobre cómo se produce, se financia y se regulan las ciudades ha dejado de ser un asunto meramente técnico o sectorial para convertirse en un problema político y económico de primer orden. El texto del CFI asume esa premisa desde el prólogo: no hay desarrollo posible sin planificación, y no hay planificación efectiva sin capacidades estatales ni instrumentos concretos de gestión.

La lectura detenida de este volumen de casi cuatrocientas páginas brinda abundante material que puede alimentar una renovada mirada crítica del estado de la problemática en nuestro país. Es interesante ponerlo en diálogo con los antecedentes recientes de la política territorial—en particular, con la Política Nacional Urbana elaborada en 2018 junto a ONU-Hábitat— y, sobre todo, interpelarlo desde la realidad concreta de las provincias y sus gobiernos locales. El gran mérito del libro del CFI radica en sistematizar una caja de herramientas operativa, pero su límite estructural —como el de tantos otros documentos técnicos— aparece cuando nos preguntamos quién tiene la voluntad y la capacidad política, jurídica y fiscal para aplicar esos instrumentos en el territorio.




El primer capítulo del libro traza una radiografía precisa de la Argentina urbana contemporánea a través de diez hechos estructurales. El diagnóstico confirma que nuestras ciudades crecen más en superficie que en población, consolidando manchas urbanas dispersas, de baja densidad y con costos crecientes para la provisión de infraestructura y transporte. Lejos de ser un fenómeno exclusivamente metropolitano, esta patología atraviesa con fuerza a las ciudades intermedias.

A esta expansión irracional y descontrolada se suma un déficit habitacional persistente que, aunque mostró una reducción relativa en su componente cuantitativo entre 2010 y 2022 (bajando al 5,1% de los hogares), persiste con crudeza en su dimensión cualitativa, afectando al 19,29% de los hogares del país. En paralelo, los 6.467 barrios populares registrados en el RENABAP albergan a más de 1,2 millones de familias con carencias críticas en agua potable, cloacas y energía. A esto se añade un fenómeno que redefine la agenda habitacional: la inquilinización creciente de la sociedad argentina, con hogares inquilinos que pasaron del 11,1% en 2001 al 21% en 2022, frente a un crédito hipotecario todavía prácticamente inexistente (0,1% del PIB en 2023) y un mercado inmobiliario que opera como reserva de valor dolarizada y refugio especulativo.

Frente a este escenario, el segundo capítulo propone cinco lineamientos para construir «la ciudad posible», apostando por superar el enfoque «viviendista» tradicional —que se limitaba a entregar viviendas en periferias dispersas, distantes y desconectadas— para pasar a una concepción integral del sistema habitacional y urbano. El tercer capítulo despliega el núcleo operativo de la obra: cinco familias de instrumentos que abarcan la planificación urbana, la gestión del suelo, el financiamiento, la promoción del alquiler y el fortalecimiento institucional.

Al vincular el trabajo del CFI con la Política Nacional Urbana de 2018, las convergencias resultan llamativas, aun cuando ambos documentos nacieron en contextos políticos e institucionales distintos. La Política Nacional Urbana, formulada por el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con asistencia de ONU-Hábitat tras los compromisos de Hábitat III en Quito, ya advertía hace ocho años sobre los mismos males estructurales: la expansión urbana espontánea y desregulada, la fragmentación socioespacial, la ausencia del Estado en la planificación del hábitat y la falta de instrumentos jurídicos para regular adecuadamente el mercado de suelo.

Los puntos en común entre ambos documentos son sustanciales. En primer lugar, ambos coinciden en la necesidad de promover ciudades compactas, densas y multifuncionales que contengan la dispersión periférica y optimicen la inversión pública en redes de servicios. En segundo lugar, tanto la Política Nacional Urbana como el libro del CFI identifican la debilidad fiscal y técnica de los gobiernos locales como un cuello de botella crítico: la Política Nacional Urbana señalaba que más de la mitad de los recursos municipales provienen de transferencias de niveles superiores y que los municipios carecen de autonomía financiera real, diagnóstico que el CFI actualiza demostrando que los gobiernos locales perciben apenas el 12,5% de la recaudación tributaria total. En tercer lugar, ambos textos reivindican instrumentos idénticos: bancos de tierras, tasas diferenciales a inmuebles vacantes, captura y reinversión de plusvalías urbanas generadas por la comunidad, catastros multifinalitarios, etc.

Sin embargo, la comparación deja una lección amarga que no podemos soslayar. La Política Nacional Urbana de 2018 se proyectó como una «política de Estado» con horizonte hacia 2040, pero en la práctica careció de fuerza vinculante, de sanción legislativa nacional y de continuidad presupuestaria tras los sucesivos cambios de gobierno. Hoy, ocho años después, el libro del CFI vuelve a diagnosticar los mismos problemas agravados. Esto demuestra que los acuerdos técnicos y los documentos declarativos, por más participativos que sean, no transforman el territorio si no se institucionalizan mediante normas y esquemas de financiamiento sostenidos.

Uno de los aciertos más importantes del libro del CFI —y un punto donde profundiza lo esbozado por la Política Nacional Urbana— es la reivindicación explícita de la escala provincial y de la articulación interjurisdiccional. La consagración de la autonomía municipal en la reforma constitucional de 1994 derivó, en muchos casos, en una transferencia silenciosa de responsabilidades sin recursos. Bajo el discurso de la autonomía, se ha dejado abandonados a su suerte a los municipios y comunas para que enfrenten solos procesos territoriales que los desbordan por completo.

Un municipio pequeño o mediano no puede, por sí solo, contener la presión descontrolada para expandir la mancha urbana sobre su periurbano productivo, ni financiar obras de infraestructura regional, ni sostener equipos técnicos interdisciplinarios para operar un catastro multifinalitario o calcular valorizaciones del suelo. Pretender que cada intendente resuelva en soledad problemas territoriales complejos y conflictivos es condenar al municipio a la ley del más fuerte y a la proliferación de ordenanzas de excepción que destruyen cualquier planificación previa.

La planificación territorial exige, imperiosamente, articular políticas públicas entre los tres niveles del Estado. El Estado Nacional debe proveer el marco estratégico y el financiamiento de gran escala para infraestructura. Las provincias ocupan un lugar irreemplazable como articuladoras regionales, proveedoras de marcos normativos y garantes de la equidad territorial entre localidades con capacidades asimétricas.

Es cierto que existen muchas experiencias locales sumamente valiosas. Pero son esfuerzos aislados que dependen de la voluntad política circunstancial de una gestión local y que chocan permanentemente con la falta de un paraguas legal provincial.

Un avance reciente que merece destacarse consiste en la elaboración de Planes Base por parte de varios gobiernos locales entrerrianos, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de “Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo” y la iniciativa de la Secretaría de Planificación de la provincia Entre Ríos de implementar el programa Sistema de Ciudades, como un intento de articular la planificación local de municipios y comunas con la escala micro regional.

Argentina no tiene una ley federal que pueda equipararse al Estatuto de las Ciudades de Brasil o a la ley 341 de Colombia. La mayoría de las provincias argentinas carece de una Ley Ordenamiento Territorial. Y aquellas que las tienen se encuentran con dificultades evidentes para aplicarlas con impactos reales en las capacidades de gestión de los gobiernos locales. Cuando un municipio intenta recuperar para la comunidad la valorización del suelo generada por la propia comunidad o movilizar un inmueble ocioso es frecuente que quede expuesto a la judicialización y al cuestionamiento sobre sus competencias.

No se trata de avasallar las autonomías municipales, sino todo lo contrario: hay que darles respaldo jurídico, seguridad normativa y herramientas concretas a municipios y comunas para que puedan implementar políticas públicas eficaces que trasciendan lo meramente declamativo.

De todos modos, buenas normas de ordenamiento territorial son una condición necesaria pero no suficiente. Por sí solas, serían un edificio hermoso, pero con débiles cimientos. El gran límite de los municipios radica en su debilidad fiscal. Los impuestos provinciales y las tasas municipales suelen estructurarse bajo lógicas regresivas y distorsivas. Se castiga la construcción, el trabajo y la producción mediante tributos a la actividad económica y el consumo, mientras se premia la especulación con la valorización del suelo.

Para que la planificación deje de ser voluntarista es imperativo articularla con reformas tributarias profundas en todos los niveles del Estado, que penalicen el suelo ocioso y estimulen la inversión, la construcción y el desarrollo urbano. Se trata de alinear los incentivos a la iniciativa privada para que confluyan con los objetivos generales de la planificación territorial.

El desafío que tenemos ya no es diagnosticar ni redactar mejores manuales, sino construir la voluntad política para articular los esfuerzos de los tres niveles del Estado que hagan posible el derecho a la ciudad.