La Cámara de Senadores sancionó este jueves una ley que establece una actualización integral del régimen de discapacidad, con el objetivo de consolidar derechos, garantizar la continuidad de las prestaciones, asegurar el financiamiento y favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La iniciativa fue aprobada por 71 votos afirmativos, sin votos en contra ni abstenciones, y propone dejar atrás la lógica de las medidas de emergencia para establecer un marco permanente que aporte previsibilidad al sistema. Para ello, contempla mecanismos de financiamiento, coordinación entre jurisdicciones, transparencia y control.
La normativa apunta a fortalecer de manera sostenida las políticas públicas destinadas al sector, reafirmando los derechos contemplados en la legislación vigente y garantizando la continuidad de las prestaciones establecidas por la Ley 24.901.
Entre sus principales disposiciones, contempla una actualización del régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, incorporando expresamente a las personas que no pueden trabajar dentro de los beneficiarios y estableciendo criterios más específicos para acceder a esas prestaciones, con requisitos vinculados a la residencia, los ingresos y las evaluaciones socioeconómicas.
En ese marco, establece que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad serán equivalentes al 70% de la jubilación mínima y estarán sujetas a un mecanismo de actualización automática de acuerdo con la normativa previsional.
Otro de los puntos destacados es la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño de un empleo formal, siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En materia de financiamiento, la ley dispone que los futuros presupuestos nacionales deberán contemplar los recursos necesarios para garantizar las prestaciones. Además, establece que los fondos asignados por beneficiario no podrán disminuir en términos reales respecto del año anterior y habilita al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias para asegurar la cobertura cuando los recursos resulten insuficientes.
La cobertura sanitaria también ocupa un lugar central en la nueva normativa. Se garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención médica que incluya las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, con el propósito de asegurar la continuidad de tratamientos, servicios y atención especializada.
Asimismo, se fortalece la articulación entre Nación y provincias a través de una instancia de coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que tendrá participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
La legislación también contempla la capacitación obligatoria del personal de las instituciones y prestadores que forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
En cuanto a los mecanismos de control, prevé auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad y establece la publicación regular de información vinculada a la ejecución presupuestaria, los aranceles y la cantidad de beneficiarios, mediante formatos abiertos y accesibles.
Por último, dispone que el Poder Ejecutivo deberá establecer y publicar un cronograma para saldar las compensaciones pendientes con los prestadores, uno de los reclamos sostenidos por las instituciones que brindan servicios de rehabilitación, atención y acompañamiento a personas con discapacidad.











