La Cámara Federal de Paraná rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas y confirmó los procesamientos con prisión preventiva de cinco imputados en una causa por narcotráfico, vinculada al secuestro de más de 1.300 kilos de marihuana en la zona de La Paz.
La resolución, adoptada este martes, ratificó las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná y dio continuidad a la investigación sobre una presunta organización dedicada al transporte y distribución de estupefacientes.
El operativo que dio origen a la causa
El expediente se inició el 13 de febrero de 2026, cuando efectivos de la Dirección General de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos interceptaron una camioneta Citroën Jumper en inmediaciones del Camino del Borello y la Ruta Nacional 12.
El vehículo circulaba con una patente correspondiente a otra unidad similar y registraba un pedido de secuestro por una causa de estafa. Sus ocupantes abandonaron la camioneta luego de una persecución a campo traviesa.
Al inspeccionar el rodado, los policías encontraron 61 bultos que contenían 1.716 panes de marihuana, con un peso total de 1.345,51 kilogramos.
A partir de las tareas investigativas, la Justicia determinó que detrás del traslado habría funcionado una estructura organizada, con diferentes responsabilidades vinculadas al transporte de la droga, la logística, el apoyo para evitar controles policiales y el financiamiento de la operación.
Los cinco procesados
Entre los imputados cuya situación procesal fue ratificada se encuentra Daniel Alejandro Rosatelli, abogado y comisario de la Policía, señalado como presunto coautor del transporte de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas. También se le atribuyen delitos relacionados con la falsificación de documentación automotor.
Según la investigación, Rosatelli habría intervenido en la organización y adquisición de la camioneta utilizada para trasladar la droga. Además, se lo vinculó con un episodio de lesiones graves y amenazas coactivas contra un intermediario de la ONG Suma de Voluntades, presuntamente relacionado con la compraventa del vehículo.
La Cámara también confirmó los procesamientos de Martín Reynaldo Germán Pelizzari y Claudio David Luna, considerados presuntos coautores del transporte de estupefacientes y de la falsificación documental.
A Pelizzari se le atribuye haber coordinado la compra de la Citroën Jumper con el propósito de ocultar la identidad de quien habría encabezado la operación. En tanto, Luna habría realizado transferencias bancarias por sumas millonarias destinadas a completar el pago del rodado, pese a registrar una situación de insolvencia financiera. Para los investigadores, habría actuado como intermediario o testaferro.
Los otros dos procesados son Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri. Al primero se le atribuye haber cumplido funciones de apoyo logístico como «auto-guía», circulando en una camioneta Toyota Hilux delante del vehículo que transportaba la marihuana para advertir sobre posibles controles policiales.
Por su parte, José Belén Favieri fue procesado por transporte agravado de estupefacientes, utilización de patente falsa y encubrimiento por receptación dolosa con ánimo de lucro. Entre los elementos considerados en su contra figuran registros de comunicaciones telefónicas y antecedentes condenatorios por comercialización de drogas.
Con el rechazo de las apelaciones, la Cámara Federal dejó firmes los procesamientos y las prisiones preventivas de los cinco acusados, mientras continúa el avance de la investigación judicial.











