La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú hará llegar este lunes una carta al papa León XIV para ponerlo al tanto de su histórica lucha contra la contaminación del río Uruguay. A través del documento, solicitará que el Pontífice contribuya a visibilizar el conflicto y que interceda para que se cumpla el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ante lo que consideran incumplimientos por parte del gobierno uruguayo.
El encargado de acercar la misiva será el asambleísta Nahuel Gieco, quien se ofreció a representar a la organización y entregar personalmente el documento.
Gieco fue invitado por el Vaticano a participar del encuentro con el Mundo del Trabajo, que se desarrollará este lunes en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). La convocatoria está vinculada con su función como secretario general de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, una organización federal que reúne a ONG y cuenta con cinco décadas de trayectoria, según publicó Máxima.
La participación en la actividad le permitirá al representante de la Asamblea saludar al Papa y aprovechar la ocasión para transmitirle el reclamo de la comunidad ambientalista.
El reclamo por el río Uruguay
En la carta, la Asamblea repasa los 23 años de historia del movimiento, surgido en 2003 a partir de la preocupación por la instalación de plantas de producción de pasta de celulosa sobre las costas del río Uruguay, frente a Gualeguaychú.
También recuerda las multitudinarias movilizaciones realizadas en el puente internacional General San Martín, entre ellas la de abril de 2005, que reunió a unas 40.000 personas, y el denominado «Abrazo al río Uruguay», de 2007, que convocó a miles de manifestantes de Argentina, Uruguay y otros países.
El documento señala que, pese a las acciones impulsadas por la ciudadanía, la planta de Botnia comenzó a funcionar en noviembre de 2007. Asimismo, destaca que la movilización logró que el Estado argentino llevara el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 2006, por considerar que Uruguay había incumplido el Estatuto del Río Uruguay.
La Asamblea sostiene que el fallo emitido en abril de 2010 reconoció parte de sus planteos, aunque cuestiona que no haya impedido la continuidad de la actividad industrial y se haya limitado a establecer mecanismos de control y monitoreo ambiental.
En ese sentido, advierte que la producción de la planta, actualmente operada por UPM en Fray Bentos, pasó de un millón de toneladas anuales —volumen considerado en la evaluación judicial— a 1,3 millones. Además, denuncia que la empresa pretende elevarla a 1,5 millones de toneladas sin una nueva evaluación ambiental integral.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de información sobre las conclusiones del Comité Científico creado en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional encargado de velar por la protección ambiental del curso de agua.
Los avances y las nuevas preocupaciones ambientales
La organización también destaca los resultados alcanzados a lo largo de estas dos décadas de movilización. Entre ellos menciona la instalación de la problemática ambiental en la agenda pública, la generación de políticas de protección y distintas medidas adoptadas en Gualeguaychú, como la preservación de humedales, la prohibición de agrotóxicos en el ejido urbano y el tratamiento de efluentes industriales y cloacales.
Asimismo, reivindica que la empresa ENCE finalmente se retirara de la zona y que Botnia/UPM y otras industrias realizaran inversiones en tecnologías destinadas a reducir sus niveles de contaminación, aunque considera que todavía resultan insuficientes.
En otro tramo, la carta vincula el reclamo con las enseñanzas de las encíclicas papales Laudato si’, del papa Francisco, y Magnifica Humanitas, atribuida a León XIV en el texto presentado por la Asamblea. En ese marco, plantea la necesidad de priorizar la dignidad humana, el cuidado de la casa común y el bien colectivo por encima de los intereses económicos.
Los ambientalistas aclaran que su consigna «Sí a la vida» no representa un rechazo al pueblo uruguayo ni al desarrollo productivo, sino la defensa del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente saludable. También expresan su preocupación por otras problemáticas, como la degradación de humedales, la deforestación, los emprendimientos inmobiliarios y mineros, el uso de agroquímicos y la contaminación del agua, el aire y el suelo.
El pedido al Pontífice
En el tramo final de la misiva, la Asamblea solicita a León XIV que conozca su historia y acompañe la visibilización de las comunidades que defienden sus territorios y bienes comunes.
Además, le pide que, en la medida de sus posibilidades, interceda para garantizar el cumplimiento integral del fallo de La Haya y de los mecanismos de monitoreo acordados entre ambos países. También reclama que Uruguay no autorice nuevos incrementos en la producción de celulosa por encima de los niveles evaluados y que se impida la instalación de nuevas megaindustrias extractivas contaminantes sobre el río Uruguay.
Finalmente, plantea la necesidad de revertir en Argentina los retrocesos en materia de legislación y políticas públicas ambientales.
«No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza», expresa la carta, que concluye con un mensaje sobre la responsabilidad colectiva de proteger el ambiente para las próximas generaciones: «Porque el río no nos pertenece. Somos parte de él, como somos parte de una casa común que tenemos la obligación de cuidar».
