Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario. Sin embargo, pidió que la investigación pase a la Justicia Penal Económica para analizar posibles irregularidades tributarias vinculadas con sus bienes y movimientos financieros.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría tomar un nuevo rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete y solicitó que el expediente sea remitido al fuero Penal Económico, donde podrían investigarse eventuales delitos tributarios.
El dictamen representa un giro en una causa que buscaba determinar si el exfuncionario había incrementado injustificadamente su patrimonio durante su paso por el Gobierno. De todos modos, no implica el cierre de las actuaciones ni un sobreseimiento. La decisión deberá ser tomada por el juez federal Ariel Lijo.
Uno de los principales argumentos de la defensa fue que una parte importante de los fondos utilizados para afrontar operaciones inmobiliarias y otros gastos provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. Según esa explicación, una inversión inicial cercana a los 200.000 dólares habría alcanzado los 591.544 dólares tras la valorización de los activos y su posterior liquidación.
Para Pollicita, los elementos reunidos no permitieron desmentir de manera concluyente esa explicación ni acreditar que el incremento patrimonial estuviera relacionado con el ejercicio de la función pública. La figura de enriquecimiento ilícito requiere demostrar que el funcionario no puede justificar un aumento de sus bienes producido durante su desempeño en el Estado.
Sin embargo, la investigación detectó movimientos económicos que todavía requieren explicaciones. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se relevaron gastos por aproximadamente 402.578 dólares, de los cuales unos 374.081 habrían sido abonados en efectivo. También se identificó una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y las erogaciones registradas.
Entre las operaciones analizadas figuran la compra de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, las refacciones realizadas en esa propiedad y la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares. También se examinaron préstamos privados, viajes y otros gastos familiares.
El fiscal consideró que corresponde profundizar el análisis sobre la eventual existencia de activos y fondos no declarados ante los organismos tributarios. En particular, deberán revisarse las tenencias de criptomonedas, su liquidación y el tratamiento impositivo de las operaciones, además de las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta manera, la causa podría dejar los tribunales federales de Comodoro Py para continuar en el fuero Penal Económico. Mientras tanto, será el juez Lijo quien deberá resolver el planteo y definir cómo sigue una investigación que, aunque perdió fuerza en torno a la hipótesis de enriquecimiento ilícito, todavía mantiene abiertos interrogantes sobre la situación fiscal y patrimonial del exfuncionario.
