La Municipalidad de Concepción del Uruguay avanzará con acciones judiciales en el fuero civil y comercial contra los responsables del robo informático de 25 millones de pesos, ocurrido en abril de 2023. La decisión fue adoptada luego de que el área de Asesoría Jurídica considerara insuficientes las propuestas de reparación económica presentadas por algunos de los imputados para acceder a la suspensión del juicio a prueba (probation).
Según publicó La Prensa Federal, las ofertas realizadas por los acusados rondaban el millón de pesos por persona. Sin embargo, desde el Municipio entendieron que esos montos no alcanzaban para compensar el perjuicio ocasionado a las cuentas públicas. Por ese motivo, durante noviembre se impulsarán demandas individuales contra los responsables, con el objetivo de recuperar el dinero sustraído.
Dos mujeres fueron condenadas
En el expediente penal, el pasado 14 de septiembre se homologaron acuerdos de juicio abreviado que concluyeron con la condena de dos mujeres oriundas de San Rafael, Mendoza: Alejandra Napoleone y Teresa del Carmen García.
Ambas recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional como coautoras del delito de estafa informática agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En el caso de García, la sanción fue unificada con una condena anterior.
La investigación también alcanza a otros imputados que solicitaron acceder a la probation, una herramienta judicial que permite suspender el proceso penal bajo determinadas condiciones, entre ellas el ofrecimiento de una reparación económica por el daño ocasionado.
Cómo se concretó la maniobra
El hecho se produjo el 3 de abril de 2023, cuando se realizaron 16 transferencias desde una cuenta bancaria de la Municipalidad, por un monto total de 25 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, el mecanismo utilizado comenzó con el envío de un correo electrónico que contenía el programa malicioso Grandoreiro, un troyano bancario capaz de acceder de manera remota a una computadora y obtener credenciales de ingreso a cuentas financieras.
El software fue instalado en un equipo de la Tesorería municipal y tenía la capacidad de reproducir una página falsa del Banco de Entre Ríos para capturar nombres de usuario y contraseñas.
Una vez obtenidos esos datos, los fondos fueron transferidos a distintas cuentas y posteriormente derivados a otras plataformas financieras. En los primeros días posteriores al hecho, el entonces intendente Martín Oliva informó que se habían recuperado 1,5 millones de pesos.
La causa tuvo inicialmente 13 personas imputadas y fue investigada por la fiscal Gabriela Seró, quien posteriormente fue sucedida por la fiscal María Becker.
Con las condenas ya dictadas y las propuestas de reparación económica rechazadas, el Municipio buscará ahora, mediante la vía civil, recuperar los fondos sustraídos y obtener un resarcimiento por el perjuicio económico ocasionado al Estado local.
