La medida fue establecida por el Gobierno entrerriano mediante el Decreto Nº 3692 y alcanza a productores ganaderos y apícolas afectados por las inundaciones vinculadas al fenómeno climático El Niño. Representantes de las principales entidades del sector valoraron la rapidez de la decisión y reclamaron avanzar con la homologación nacional.
Las entidades que representan al sector productivo de Entre Ríos manifestaron su conformidad con la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y terrenos anegadizos, afectadas por la creciente de los ríos y las consecuencias del fenómeno climático conocido como El Niño.
La disposición, instrumentada a través del Decreto Nº 3692, fue destacada por dirigentes rurales, quienes señalaron la importancia de contar con herramientas de asistencia ante las dificultades que atraviesan los productores.
El director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, sostuvo que la medida se consiguió luego de intensas gestiones conjuntas con el Gobierno provincial y valoró la rapidez con la que se concretó.
Asimismo, consideró que la declaración representa una herramienta de respaldo para los productores que atraviesan una situación compleja, especialmente ante las perspectivas de un fenómeno de El Niño que podría alcanzar una magnitud considerable.
Por su parte, Ronald Garnier, dirigente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), destacó la celeridad de la Provincia para atender la situación hídrica. También recordó que la emergencia rige desde el 1º de agosto, por lo que comprende a los productores que debieron trasladar sus animales antes de esa fecha.
Garnier señaló además que el proceso de evacuación de las islas se está desarrollando de manera organizada y que los productores cuentan con la posibilidad de presentar sus solicitudes para acceder a los beneficios correspondientes.
Reclaman la homologación nacional
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su director por Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, consideró que la declaración constituye una respuesta necesaria frente a los daños productivos ocasionados por la creciente.
En ese sentido, destacó que la medida contempla no solamente las pérdidas directas, sino también los mayores gastos que deben afrontar los productores por el traslado de hacienda, la alimentación y el arrendamiento de nuevos campos, además de las ventas forzosas de animales.
También remarcó la importancia de los diferimientos y las exenciones del impuesto inmobiliario rural y subrural como mecanismos de alivio económico.
No obstante, señaló que el próximo paso será conseguir la homologación nacional de la emergencia, requisito necesario para acceder a los beneficios establecidos por la Ley Nº 26.509 y disponer de herramientas impositivas, financieras y crediticias.
Etchevehere sostuvo que el objetivo debe ser transformar la declaración en soluciones concretas que permitan proteger a los productores y preservar la capacidad productiva de la provincia.
En tanto, Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), también valoró la rapidez con la que el Gobierno provincial avanzó con la medida.
El dirigente consideró que, al tratarse de un fenómeno hídrico que pudo anticiparse, muchos productores tuvieron la posibilidad de prever el ingreso del agua a sus establecimientos y tomar medidas para resguardar sus animales. Sin embargo, subrayó que el acompañamiento del Estado resulta fundamental para afrontar las pérdidas económicas derivadas de este tipo de contingencias.
De esta manera, las entidades rurales coincidieron en destacar la declaración de emergencia como una herramienta de asistencia para el sector, aunque remarcaron la necesidad de avanzar con medidas complementarias que permitan sostener la actividad ganadera y apícola en las zonas afectadas
