El Gobierno de Entre Ríos avanzará con un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por un año, a partir del 1 de agosto, para los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy. La medida busca atender la situación de los productores rurales ante el avance de las inundaciones.
La propuesta fue abordada durante una nueva reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios (Cpeyda), realizada en el marco del fenómeno climático de El Niño. El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y contó con la participación de representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales.
Según publicó Dos Florines, durante la reunión se acordó avanzar con las gestiones administrativas necesarias para elevar el planteo al Poder Ejecutivo provincial y concretar la declaración de emergencia.
Uno de los principales puntos de preocupación es la situación de la ganadería en las islas y los campos inundables. De acuerdo con los datos presentados, en enero se registraban unas 269.000 cabezas de ganado en las zonas relevadas, mientras que el último informe semanal contabilizó 192.000 animales. La cifra representa una disminución de 13.000 cabezas en apenas una semana.
El director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, confirmó que las entidades rurales presentaron el pedido y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los productores ante el riesgo de nuevas inundaciones. Asimismo, señaló que los relevamientos realizados junto con el Senasa reflejan una importante cantidad de hacienda en las islas, donde los movimientos de animales comenzaron a intensificarse.
Martiarena también explicó que la venta anticipada de hacienda sin terminar representa pérdidas económicas para los productores, debido a que deben comercializar los animales a un menor precio por kilo. A esto se suman las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones, que implican liquidar parte de su capital sin obtener una ganancia real.
En este escenario, las cargas económicas pueden desalentar el traslado preventivo del ganado y agravar la exposición de los productores frente a una eventual crecida. La preocupación se concentra en las zonas donde se desarrolla la actividad ganadera en islas y campos susceptibles de quedar bajo agua.
