La presentación judicial incluye acusaciones por resistencia a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. La jornada frente al Congreso terminó con detenidos, ocho efectivos heridos y destrozos estimados en $90 millones, en medio de un operativo policial cuestionado por el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra manifestantes que protagonizaron incidentes durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves frente al Congreso. La presentación incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado, luego de una jornada atravesada por la masiva movilización en defensa de la educación pública y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La protesta reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores, gremios y organizaciones políticas y sociales que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial, contempla la actualización de los salarios del sector y de los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.
La movilización se desarrolló bajo un fuerte despliegue policial. Durante la tarde, cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre el vallado que rodeaba el Palacio Legislativo, las fuerzas federales utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante para dispersar a quienes se encontraban en el lugar. Los gases incluso llegaron al interior del Congreso y provocaron malestares entre algunos legisladores.
Detenciones, heridos y daños
Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, algunos manifestantes actuaron con el rostro cubierto, arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra efectivos y provocaron daños en bienes públicos. El escrito sostiene, además, que los incidentes se produjeron mientras sesionaba el Congreso y que habrían buscado obstaculizar la actividad legislativa.
La jornada dejó al menos 25 personas detenidas, según la información oficial incluida en la presentación, entre ellas un adolescente de 14 años señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. Por su parte, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos: cuatro pertenecientes a Gendarmería, dos a Prefectura Naval y dos a la Policía Federal. El SAME también asistió a personas durante los disturbios.
Los destrozos en el espacio público fueron estimados preliminarmente en 90 millones de pesos por el Gobierno de la Ciudad. Entre los sectores afectados se mencionaron el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.
Un reclamo que excedió los incidentes
La denuncia oficial puso el foco en los hechos de violencia y en la identificación de sus responsables, para lo cual el Ministerio de Seguridad recopila fotografías y videos. Sin embargo, los disturbios no pueden desligarse del contexto de una movilización multitudinaria que volvió a expresar el rechazo al ajuste presupuestario y la exigencia de que el Gobierno cumpla con la legislación vigente en materia de financiamiento universitario.
El operativo y la respuesta policial también abrieron cuestionamientos por el uso de gases y balas de goma contra los manifestantes. Desde la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó lo ocurrido como una “provocación”.
