El juez federal Ariel Lijo extendió las acusaciones contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y elevó su embargo a $47.000 millones. La causa investiga presuntas maniobras de corrupción en contrataciones vinculadas al programa Incluir Salud, con diferencias de precios superiores a los $7.833 millones.
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una nueva resolución. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y de otros ex funcionarios y empresarios, en el marco de una causa que analiza posibles maniobras de corrupción en la compra de medicamentos, insumos médicos y elementos ortopédicos.
La decisión alcanza a contrataciones realizadas a través del programa Incluir Salud y profundiza la hipótesis de una asociación ilícita que habría direccionado compras públicas. De acuerdo con la investigación, se detectaron diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos.
Lijo, a cargo de manera interina del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el de otras cinco que ya se encontraban procesadas. Entre estas últimas figuran Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como jefes de la organización investigada, además de Andrés Arnaudo y Federico Santich, considerados integrantes de la estructura.
La resolución atribuye, según el caso, los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. También se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la circulación de fondos de origen ilícito.
Un embargo de $47.000 millones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la ampliación del embargo sobre los bienes de Spagnuolo, que quedó fijado en $47.000 millones. La medida se conoció luego de que el magistrado tomara declaración indagatoria a 35 acusados, entre funcionarios y empresarios vinculados con las contrataciones del organismo.
Para sostener las imputaciones, el juez valoró distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos registros de encuentros y visitas entre Spagnuolo y Calvete, señalado como uno de los principales articuladores de la presunta estructura. También se mencionaron correos electrónicos enviados por Luis Cella, de la Droguería Prevent S.A., en los que advertía sobre supuestas irregularidades en los procedimientos de compra y el papel de determinadas empresas y operadores externos.
La nueva resolución amplía así el alcance de la investigación sobre las contrataciones de insumos médicos, que la Justicia considera parte del mismo esquema bajo análisis. La causa continúa en trámite y las responsabilidades penales deberán determinarse en el proceso judicial.
