El oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el próximo 22 de octubre. El dictamen reunió el respaldo de aliados, aunque hubo pedidos para garantizar las partidas presupuestarias necesarias para su aplicación. El peronismo no acompañó la iniciativa.
Las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado firmaron este jueves el dictamen del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, luego de que el oficialismo presentara los principales cambios incorporados a la propuesta. La intención del bloque gobernante es debatir la iniciativa en el recinto el próximo jueves 22 de octubre.
El texto fue analizado en una reunión realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, encabezada por las presidentas de ambas comisiones, Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente. La versión puesta a consideración recoge modificaciones surgidas de meses de debate con especialistas, representantes provinciales y legisladores de distintos espacios políticos.
Durante la defensa del proyecto, Arrascaeta destacó que la discusión contó con la participación de más de 70 expositores convocados por legisladores de diferentes bloques. También señaló que se recibieron 16 informes de provincias y sostuvo que la actualización normativa busca dar respuesta a una problemática que requiere atención.
Por su parte, la senadora María Belén Montes de Oca, de La Libertad Avanza, valoró el trabajo realizado en comisión y afirmó que el texto fue mejorado respecto de su versión original. “Finalmente se pudo llegar a un consenso”, expresó.
Pedido de fondos para garantizar la aplicación
Aunque acompañaron el dictamen, el senador misionero Carlos Arce y la radical correntina Mercedes Valenzuela firmaron en disidencia para reclamar la incorporación de un artículo que establezca garantías presupuestarias para la implementación de la futura ley.
Arce consideró que los cambios introducidos permitirán fortalecer las políticas de salud mental, mientras que Valenzuela insistió en la necesidad de asegurar recursos suficientes para que las disposiciones puedan cumplirse en todo el país.
El reclamo también estuvo presente entre los legisladores que no respaldaron el despacho. El senador chaqueño Jorge Capitanich, del bloque Justicialista, propuso postergar el tratamiento para analizar con mayor profundidad los alcances de la reforma. Además, planteó que una modificación de esta naturaleza requiere un amplio acuerdo con gobernadores y ministros de Salud, junto con definiciones sobre la capacidad de financiamiento y la asignación de recursos humanos.
En la misma línea, Fernando Salino, de Justicia Social Federal, advirtió sobre las dificultades para aplicar la norma sin una previsión presupuestaria específica. “Si no hay partidas presupuestarias, esto va a ser letra muerta”, sostuvo, al referirse a la extensión de los problemas de salud mental en provincias como San Luis.
En tanto, la senadora Patricia Bullrich defendió la propuesta y señaló que introduce un enfoque más preventivo para abordar los trastornos mentales severos. Según explicó, el objetivo es intervenir antes de que se produzcan situaciones de riesgo extremo para los pacientes o para terceros.
Los representantes de Convicción Federal y del interbloque Popular no firmaron el dictamen.
Los principales cambios propuestos
La reforma contempla modificaciones en los procedimientos de internación y en la intervención judicial. De acuerdo con el texto, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas al juez, en lugar de requerir su autorización previa. Sin embargo, la autoridad judicial podrá solicitar informes o peritajes y dejar sin efecto aquellas internaciones que considere injustificadas.
Otro de los cambios es la incorporación de la ludopatía dentro del concepto de adicciones. Además, se precisan los vínculos familiares contemplados en la norma, con referencias a padres e hijos, representantes legales, cónyuges y convivientes.
El proyecto también prevé la conformación de equipos de atención de acuerdo con los recursos humanos disponibles en cada provincia y contempla la posibilidad de recurrir a consultas psiquiátricas a distancia.
En el ámbito de la atención infantojuvenil, se propone establecer equipos especializados y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También se incorporan criterios vinculados con la autonomía progresiva, el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, la confidencialidad y el abordaje familiar y comunitario.
La iniciativa prohíbe las prácticas manicomiales y recupera un catálogo de dispositivos alternativos de atención, entre ellos los tratamientos ambulatorios y domiciliarios, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral. Asimismo, refuerza las acciones de promoción y prevención.
En relación con las internaciones prolongadas, el dictamen establece esa condición para los casos que superen los 180 días corridos o acumulados a través de reinternaciones durante un período de dos años. En esas situaciones, se prevé la intervención inmediata de oficio del órgano de revisión, con una excepción para pacientes cuya problemática sea exclusivamente social. También se propone crear un registro específico de internaciones prolongadas.
Por último, la reforma incorpora el derecho de las personas a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar a quienes podrán expresar su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo por sí mismas.
