La Cámara de Diputados volverá a analizar este miércoles el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa será tratada en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, en un escenario atravesado por objeciones de la oposición y pedidos de modificaciones de sectores aliados al oficialismo.
El encuentro está previsto para las 15 y dará continuidad a las discusiones iniciadas a fines de septiembre. Aquella primera reunión estuvo marcada por fuertes cruces entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, mientras que la semana pasada el debate se desarrolló en un clima más ordenado, con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil que expusieron sus reparos al proyecto.
Durante esa jornada, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y señaló que apunta a adaptar el sistema de defensa y seguridad frente a nuevas amenazas externas, según publicó Parlamentario.
Ante la falta de acuerdos, el oficialismo resolvió retirar la iniciativa del temario de la sesión prevista para el 21 de octubre. La decisión, promovida por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue interpretada como una señal de que el Gobierno busca más tiempo para negociar modificaciones y acercar posiciones antes de avanzar con su tratamiento en el recinto.
Las principales objeciones provienen de bloques opositores y organismos de derechos humanos, que advierten sobre posibles consecuencias de distintos artículos en materia de seguridad interior, inteligencia y libertades públicas. Según sus cuestionamientos, algunos puntos exceden el propósito de fortalecer la defensa nacional y podrían ampliar las facultades estatales en áreas sensibles.
Uno de los artículos que concentra mayores críticas es el 111, que contempla penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, participen en acciones destinadas a alterar el funcionamiento institucional, influir en procesos electorales o impulsar campañas de desinformación. Legisladores de la oposición y de sectores dialoguistas, incluso algunos cercanos al Gobierno, reclaman que ese apartado sea eliminado.
Quienes cuestionan la redacción sostienen que su alcance es demasiado amplio y podría dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y la crítica política. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la disposición busca prevenir injerencias extranjeras y resguardar el sistema democrático.
Las observaciones también alcanzan a la creación del Consejo de Seguridad Nacional y a las atribuciones que se concederían al Poder Ejecutivo. A esto se suman los cuestionamientos a los protocolos previstos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones, así como a la definición de términos como «amenaza externa» y «actividad terrorista», que distintos sectores consideran ambiguos.
En este contexto, el plenario de este miércoles será una nueva instancia para discutir el alcance de la propuesta y evaluar posibles cambios, aunque la falta de consensos dificulta que el proyecto avance hacia la firma de dictámenes.
