El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó el sistema de pensiones por invalidez y sostuvo que alrededor del 60% de las prestaciones serían irregulares. Además, aseguró que Argentina cuenta con más pensiones de este tipo que países que atravesaron conflictos bélicos.
A través de una publicación en la red social X, Caputo afirmó que una parte de los beneficios se habría otorgado mediante certificados utilizados con fines políticos. Según expresó, algunos documentos habrían sido emitidos para favorecer a familiares, conocidos y allegados de dirigentes.
El funcionario también criticó la intervención del Congreso en esta cuestión y sostuvo que, mientras el Gobierno busca dar de baja las pensiones que considera fraudulentas, el Poder Legislativo impulsa medidas que, según su interpretación, podrían duplicar la cantidad de prestaciones existentes.
En su mensaje, Caputo vinculó las presuntas irregularidades con las dificultades que enfrenta el sistema para atender a las personas con discapacidad. En ese sentido, señaló que la cantidad de beneficios cuestionados comprometería los recursos disponibles para quienes necesitan asistencia y calificó el régimen como una de las mayores estafas de la política argentina de las últimas dos décadas.
Un proyecto para combatir las irregularidades
Las declaraciones se conocieron luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso un proyecto de ley denominado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
La iniciativa apunta a establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar posibles maniobras fraudulentas, además de promover una revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
La denuncia contra Romina Uhrig
El debate también se desarrolla en medio de la difusión de información sobre una denuncia vinculada con Romina Uhrig, exlegisladora y exparticipante del programa televisivo Gran Hermano.
Según las versiones difundidas, Uhrig cuenta con un certificado de discapacidad emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, se desempeñaba como intendente de Moreno. El documento tendría vigencia hasta 2028.
La información se incorporó a la discusión pública sobre los controles y los criterios de otorgamiento de estos beneficios. No obstante, las afirmaciones sobre la existencia de irregularidades y los señalamientos particulares deben distinguirse de los hechos que hayan sido acreditados formalmente.
