A pocos días de una nueva Marcha Federal Universitaria, la Justicia volvió a pronunciarse sobre el financiamiento de las universidades nacionales y ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su fallo, además, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la ley con una condición que limitaba su aplicación.
El magistrado dejó sin efecto la expresión incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”. Esa norma establece que las leyes que impliquen gastos deben contemplar los mecanismos para su financiamiento y que, de no existir las partidas correspondientes, su ejecución queda suspendida hasta su incorporación al Presupuesto.
Sin embargo, Cormick consideró que la propia Ley de Financiamiento Universitario contempla una vía para garantizar los recursos. En particular, destacó que el artículo 9° faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para afrontar las obligaciones previstas, sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro Nacional.
El juez sostuvo además que la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la norma mediante el decreto constituyó un “mecanismo extraconstitucional”, ya que en los hechos implicó establecer una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución. Según el fallo, una vez que el Congreso insiste con una ley que había sido vetada, corresponde su “promulgación irrestricta”.
La resolución se suma a una serie de antecedentes judiciales sobre la aplicación de la norma. En diciembre del año pasado, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar a favor de las universidades. Posteriormente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y, en junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar.
Ahora, el fallo establece que el Estado deberá garantizar los recursos previstos para la actualización de los salarios del personal docente y no docente, las becas y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
La decisión todavía puede ser apelada por el Gobierno nacional, por lo que el conflicto judicial en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario podría continuar en instancias superiores.
