La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales generó cuestionamientos de dirigentes políticos, entre ellos representantes de Entre Ríos.
El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había frenado el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación de la organización que había promovido la demanda y sostuvo que no estaba configurado un caso judicial válido.
Desde Entre Ríos, la diputada nacional Blanca Osuna (PJ) cuestionó el fallo a través de sus redes sociales. “Rápidos con los poderosos, lentos con los ciudadanos”, expresó, y comparó la celeridad de la resolución con la situación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación también es objeto de reclamos.
Por su parte, la diputada provincial Laura Stratta cuestionó la decisión del máximo tribunal y sostuvo que la Corte “es funcional al gobierno” de Javier Milei. Además, afirmó que el fallo “le da la espalda a la voluntad popular” y al reclamo de sectores que plantean la necesidad de preservar el territorio nacional.
También se pronunciaron exlegisladores entrerrianos. El exdiputado nacional Tomás Ledesma criticó el rol de la Corte y manifestó que en Argentina las decisiones quedan en manos de “tres” personas que, según su interpretación, actúan “en contra de la gente”.
En tanto, el exlegislador Juan Manuel Huss reclamó avanzar con un juicio político contra los integrantes del máximo tribunal y planteó la necesidad de su destitución.
La Corte, sin embargo, aclaró en su sentencia que su decisión no implica pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino que se limita a rechazar la demanda por considerar que la entidad que la presentó no tenía legitimación suficiente y que no estaba configurado el requisito constitucional de caso o controversia.
Con el fallo, quedó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU, mientras continúa el debate político y jurídico sobre el alcance de la medida y sus efectos sobre la propiedad rural en el país.
